Víctor Eduardo Soto Méndez, teniente coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), fue detenido en marzo de 2018 luego de expresar en una conversación con compañeros militares la grave situación que enfrenta Venezuela, marcada por escasez de alimentos en los batallones, dificultades para acceder a medicinas y un sistema de salud en crisis, condiciones que persisten siete años después.
Junto a otros oficiales, como el teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, ex asistente del fallecido presidente Hugo Chávez, Soto fue acusado de preparar un golpe de Estado y condenado a siete años y seis meses de prisión por traición a la patria, instigación a la rebelión y acciones contra el decoro militar.
Tras cumplir su condena el 9 de septiembre de 2025, Soto y tres compañeros fueron trasladados de forma arbitraria desde la cárcel de Ramo Verde al centro de máxima seguridad Procemil Central en Fuerte Guaicaipuro, estado Miranda. Este centro, denominado por el gobierno como un «centro de reflexión», es en realidad una prisión de castigo para internos con mala conducta, explicó Ana Raquel Velázquez León, esposa de Soto.
Velázquez denuncia que no entiende por qué su esposo, con pena cumplida, sigue privado de libertad. Además, señala que se le abrió una nueva causa judicial bajo el delito de motín, pese a que Soto no estuvo involucrado en ningún motín durante su encarcelamiento. «Cuando no quieren liberar a un privado de libertad, le abren otra causa», afirmó un miembro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.
El numeral 7 del artículo 49 de la Constitución venezolana establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Sin embargo, Soto enfrenta este nuevo proceso sin claridad legal. Su defensor público militar no estaba autorizado a hablar sobre el caso y recomendó solicitar la Ley de Amnistía aprobada recientemente.
Intentos de la familia para gestionar la libertad de Soto han sido obstaculizados. Un documento presentado al tribunal tercero de control fue rechazado por el secretario, incumpliendo el artículo 51 constitucional que obliga a los funcionarios a recibir comunicaciones. La juez encargada de ejecutar la sentencia se ha negado a atender el caso.
En noviembre de 2025, Soto y sus compañeros fueron trasladados supuestamente a un tribunal y desde entonces permanecen desaparecidos, situación que su esposa califica como desaparición forzada.
Antes de su detención, la familia Soto llevaba una vida tranquila en Barinas, donde se casaron en 2006 y criaron a tres hijos. La detención y el proceso judicial han cambiado radicalmente su realidad.
Información basada en reportes publicados por Runrun.es.