En Venezuela, el poder ha entregado formalmente la soberanía popular a una potencia extranjera, un proceso que comenzó en 2012 con la aceptación del fraude electoral para renovar el mandato ejecutivo. Desde entonces, el gobierno perdió legitimidad, ignorando la voluntad popular en elecciones de 2013, 2018 y 2024.
Este control se profundizó al confiar áreas clave del Estado a agentes externos, especialmente en defensa, seguridad y asistencia social. Además, se estableció un sistema de partido oficial con control sobre el organismo electoral para asegurar la permanencia del régimen.
La pérdida de soberanía no fue accidental. Se consolidó mediante programas sociales que ganaron apoyo regional y la complacencia de gobiernos aliados a cambio de cooperación económica. En 2013, tras la enfermedad del líder principal, su sucesor asumió el poder ilegalmente y fue declarado ganador en elecciones cuestionadas, proceso repetido en 2018 y 2024, denunciado por observadores internacionales.
Como resultado, Venezuela quedó sujeta a decisiones de un poder extranjero en asuntos fundamentales como política exterior, defensa y seguridad. La alianza estratégica con Cuba, el apoyo a insurgentes colombianos y el control cubano sobre la fuerza armada y la policía política evidencian este dominio. En economía, el país mantiene un alto endeudamiento que sostiene la economía cubana.
El grado de dependencia se confirmó el 3 de enero, cuando efectivos cubanos responsables de la custodia presidencial enfrentaron tropas norteamericanas, con 31 muertos. Este hecho muestra la cesión de la soberanía externa, un concepto reconocido en el derecho internacional.
Esta situación afecta directamente a los venezolanos, quienes han visto vulnerada su capacidad de decidir sobre sus propios asuntos y enfrentan un Estado controlado por intereses externos.
Información basada en reportes publicados por El Nacional. Leer fuente original.