El 9 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Minas, según el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates. Esta ley propone una reforma estructural para mejorar la administración, supervisión y protección de la minería en Venezuela, con el objetivo de beneficiar a las comunidades y el medio ambiente.
Entre las novedades destaca la creación del Fondo Social Minero, un servicio desconcentrado adscrito al Ministerio competente en materia minera. También se establece el Banco Nacional del Dato Geocientífico-minero, que almacenará información geológica, geofísica, geoquímica y minera tanto en formato digital como analógico.
Además, se prevé la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Sunamin), encargada de supervisar, controlar e inspeccionar la minería en el país. En materia fiscal, la ley ajusta el régimen de regalías según la productividad de los yacimientos, especialmente en pozos maduros o marginales, buscando incentivar inversiones en zonas de baja rentabilidad mediante la simplificación tributaria para los inversionistas.
La normativa también incorpora mecanismos de mediación y arbitraje independientes para resolver controversias, con el fin de aumentar las garantías jurídicas en el sector minero. La ley consta de 126 artículos divididos en 19 capítulos, además de disposiciones transitorias y derogatorias.
El debate comenzó sin que los diputados tuvieran acceso completo al texto, lo que generó críticas. El diputado Félix Freites de Fuerza Vecinal destacó que la ley debe traducirse en mejoras salariales y pensiones. Ricardo Ríos, de Avanzada Progresista, manifestó su apoyo esperando un buen resultado. Por su parte, Luis Florido cuestionó la falta de tiempo para analizar el proyecto antes de su discusión.
En un contexto internacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó recientemente a empresas estadounidenses a participar en la explotación y comercio de oro venezolano, levantando sanciones previas. Esta autorización incluye operaciones con el gobierno venezolano y la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), así como servicios logísticos y de transporte vinculados.
La Ley Orgánica de Minas debe continuar un proceso de consultas con diversos sectores antes de ser sometida a una segunda discusión y aprobación final en el Parlamento.
Información basada en reportes publicados por Runrun.es.