Ante la caída de los ingresos petroleros y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos —que involucra el fin de la licencia a Chevron en Venezuela—, el gobierno de Nicolás Maduro optó por trasladar la carga financiera al sector privado, aumentando los impuestos y las tarifas de los servicios públicos.
La medida busca compensar la pérdida de divisas, pero amenaza con ahogar a las empresas que aún operan en un entorno ya adverso.
Más impuestos para el sector privado, cada vez más débil en Venezuela
Según informó la agencia Reuters, empresarios y analistas coinciden en que el nuevo esquema fiscal está dificultando aún más la recuperación de la empresa privada. Desde enero, Maduro pidió duplicar la recaudación tributaria —que el año pasado fue de 5.200 millones de dólares—, y en abril firmó un decreto de emergencia económica que le permite eliminar exenciones fiscales.
En el primer trimestre del año, los ingresos fiscales aumentaron aproximadamente 20%, de acuerdo con datos citados por Reuters. Además, los servicios públicos —históricamente subsidiados— han duplicado sus tarifas en el último año, según el Observatorio Financiero Venezolano.
Los empresarios no tienen respuestas
Representantes del sector empresarial se han reunido con autoridades gubernamentales en busca de revisar algunos tributos, pero sin éxito.
De acuerdo con una encuesta reciente de Conindustria, 77% de los industriales considera que la carga fiscal es hoy el principal obstáculo para operar. El 60% espera que su producción se mantenga igual o incluso disminuya en los próximos meses.
“Cualquier impuesto adicional que se pague provendrá del capital de trabajo”, advirtió Luigi Pisella, presidente de Conindustria, a la agencia de noticias.
También propuso ampliar la base impositiva para no seguir asfixiando a las empresas activas.
Un empresario entrevistado por Reuters dijo: “Cuando no tienes capital de trabajo, dejas de crear empleos”.
Las consecuencias: menos empleo, más cierres
El impacto ya se refleja en las expectativas laborales. Según Conindustria, las grandes empresas no planean aumentar su personal, y las medianas proyectan incluso una reducción cercana a 1%.
En paralelo, comerciantes del interior del país reportan el cierre de locales con baja facturación.
“Cuando un cliente paga por un producto, está pagando una buena parte de los impuestos que el comerciante le entrega al Estado”, comentó un empresario. Además, alertó sobre el peso de los impuestos municipales, que agravan los precios al consumidor.