El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó este lunes 23 de septiembre la orden de detención “preventiva” contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y miembros de su gabinete, como la Secretaria General, Karina Milei, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los delitos de “robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operaciones de la aviación civil e inutilización de aeronaves y asociación” debido al caso del avión Emtrasur.
A través de un comunicado, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) explicó que, tras la solicitud realizada por el Ministerio Público el pasado 18 de septiembre, se acordó la orden de detención.
Esta situación se dio tras la retención del avión venezolano-iraní Boeing 747 de la empresa filial de carga de la aerolínea venezolana Conviasa que estuvo detenido en Buenos Aires desde junio del 2022 y fue llevado a EE. UU. en febrero del presente año.
El miércoles 18 de septiembre, el fiscal general Tarek William Saab informó en rueda de prensa que “colocaría a disposición del Estado a dos fiscales especializados en la materia de aviación, pues, el hecho tendría consecuencias en un tribunal competente venezolano, con organismos competentes, debido a que una situación de tal magnitud situación no quedaría impune”.
Por su parte, el gobierno de Javier Milei repudió la decisión, considerando que “el mandatario venezolano debe tener en cuenta que en Argentina sí impera la división de poderes”, señalando al Ejecutivo de que “una dictadura no tiene por qué entender la división de poderes, pero la decisión del avión es una decisión judicial de Argentina y no del presidente del país”, especificó el vocero de la presidencia de Milei, Manuel Adorni.
La enemistad de ambas administraciones, parte de que el gobierno de Milei solicitó este mes a la Corte Penal Internacional (CPI) generar una orden de detención en contra de Nicolás Maduro y miembros de su gabinete por delitos de lesa humanidad y el agravamiento situacional tras las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio.