Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló, este miércoles 3 de julio, la decisión judicial según la cual los tenedores de bonos PDVSA 2020 tenían derecho a reclamar acciones de la filial estadounidense de la estatal venezolana, Citgo, por la situación de default de estos papeles, y ordenó al juez que aplicara las leyes venezolanas al evaluar las reclamaciones.
El exprocurador designado por el extinto gobierno interino, presidido por el dirigente Juan Guaidó, José Ignacio Hernández calificó la decisión de histórica.
«La Corte del Segundo Circuito de Nueva York declaró con lugar a apelación presentada por #PDVSA, al considerar que la Constitución rige la validez de los Bonos 2020. El juicio comenzará de nuevo, y tardará meses -o años- en ser decidido», explicó el jurista en la red social X.
Igualmente, el economista José Guerra, exdiputado de la AN, también fijó posición: «Me siento gratificado por la decisión del Segundo Circuito de Nueva York quien acepta la competencia de Constitución de Venezuela en el juicio del Bono Pdvsa 2020. Eso fue lo que planteamos en el debate contra el Psuv en la AN en setiembre 2016 cuando Maduro hipotecó a Citgo».
De acuerdo con la nota de Reuters, decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan podría dar un impulso a los opositores del presidente venezolano Nicolás Maduro, quienes, desde 2019, controlan algunos de los activos en el extranjero de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En concreto, los tenedores de los bonos PDVSA 2020 deberán esperar a que el tribunal de la causa decida, con base en lo dispuesto por la Constitución Nacional, si la emisión de los bonos es legal o no, ya que no recibió autorización del parlamento legítimamente electo con mayoría opositora.
La jueza de distrito Katherine Polk Failla, de Manhattan, había aplicado la ley de Nueva York en octubre de 2020 cuando autorizó a los tenedores de bonos de PDVSA a embargar una participación de 50,1% en Citgo, que había sido establecida como garantía de los títulos.
Polk Failla también ordenó un pago de 1.680 millones de dólares por parte de PDVSA a los tenedores al declararla en mora.
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