En agosto registramos un incremento respecto a julio de más del doble en número de casos de violación a la libertad de expresión en Venezuela. En total detectamos 16 casos y 27 violaciones, con la censura y la intimidación como las más comunes ( 10 cada una en el mes). En lo que va de año, suman 261 violaciones.
Al menos 13 periodistas/reporteros fueron víctimas entre las 24 contabilizadas, seguidos por cuatro medios de comunicación, un miembro de ONG, un particular y cuatro casos que afectaron a la ciudadanía en general.
Sobre los 17 victimarios registrados en agosto, se mantiene el patrón de persecución y criminalización de la prensa y el discurso crítico por parte del Estado. Cuatro instituciones estatales, tres cuerpos de seguridad y tres funcionarios vulneraron el ejercicio de la libertad de expresión.
Entre los victimarios también destacan dos directivas de medios de comunicación, dos grupos violentos, dos desconocidos y un particular. Otras violaciones registradas fueron hostigamiento verbal (3), agresiones (2), junto con una amenaza y una restricción administrativa.
Agresiones a periodistas
El 1° de agosto, la periodista Dorkis Cárdenas fue intimidada por funcionarios del Hospital “Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz” de San Cristóbal, estado Táchira (suroeste), cuando acudió a entrevistar al jefe de la Unidad de Cardiología del centro de salud.
Un individuo que se identificó como abogado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) le solicitó a Cárdenas sus credenciales y le dijo que necesitaba un permiso de las autoridades para hacer entrevistas en el recinto, exigencia que legalmente es innecesaria para obtener información en lugares públicos.
En el municipio Miranda del estado Falcón (noroeste), un funcionario de la Alcaldía identificado como Luis Gerardo Chávez impidió el 8 de agosto que personas refugiadas a causa de incendio declararan y dieran entrevistas a la periodista Marthy Barbera.
El hecho ocurrió en un refugio ubicado en el centro de la ciudad de Coro donde hay entre 12 y 14 familias refugiadas porque un incendio afectó sus viviendas. Cuando Barbera se estaba presentando como periodista para entrar al albergue a hacer las entrevistas, el funcionario le dijo que las familias no estaban autorizadas para dar declaraciones.
SuNoticiero