La represión en Venezuela sigue activa aunque Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados a inicios de este año. Así lo afirma la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, un grupo de la ONU, que presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Funcionarios y militares señalados por crímenes de lesa humanidad mantienen cargos importantes en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad. Además, las leyes que permiten la persecución política permanecen vigentes.
Desde que Delcy Rodríguez asumió el control de Miraflores, al menos 87 personas han sido detenidas por razones políticas, incluyendo 14 periodistas y trabajadores de medios durante la cobertura de su juramentación, y 27 ciudadanos arrestados por celebrar la captura de Maduro por parte de Estados Unidos. María Eloisa Quintero, integrante de la misión, señaló que “la práctica de silenciar a los disidentes persiste en el actual gobierno”.
El informe cubre hechos desde septiembre hasta la fecha y confirma que el aparato represivo no ha sido desmantelado, sino que se ha adaptado para mantener el poder.
Respecto a las liberaciones recientes, la misión las considera un paso positivo pero criticó la falta de transparencia en la información sobre los excarcelados. La ONG Foro Penal calcula que desde enero han sido liberados al menos 673 presos políticos, mientras que bajo la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional han salido 166 personas. Sin embargo, esta ley no reconoce la responsabilidad estatal ni contempla investigaciones o reparaciones para las víctimas.
Estos datos señalan que la represión y la persecución política continúan siendo una realidad en Venezuela, con cambios en las estructuras represivas pero sin indicios de un cambio real en la política estatal.
Información basada en reportes publicados por El Espectador. Fuente original