La renovación del Poder Ciudadano en Venezuela atraviesa un momento decisivo tras la publicación, el 16 de marzo de 2026, de los listados oficiales de aspirantes por la Asamblea Nacional recientemente juramentada.
Este proceso, lejos de ser un simple trámite, expone una compleja red de intereses entre figuras del oficialismo, reconocidos académicos y un fenómeno preocupante: la doble postulación. Algunos candidatos que inicialmente buscaron alcaldías o gobernaciones ahora apuntan a cargos clave como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
El Comité de Evaluación de Postulados, siguiendo el marco legal vigente, ha divulgado las listas de aspirantes para estos cargos, generando un mayor escrutinio público. La elección de estos titulares influirá directamente en el diseño institucional del sistema de justicia y en la garantía de los derechos humanos en el país.
Entre los nombres más destacados se encuentran Larry Devoe, actual fiscal general encargado y abogado con experiencia en defensa ante organismos internacionales; Ernesto Villegas, periodista y político vinculado a altos cargos gubernamentales y con declaraciones controversiales sobre hechos de 2017; Mirelys Contreras, exministra del Servicio Penitenciario; y Magaly Vásquez, destacada académica y redactora del Código Orgánico Procesal Penal.
También figuran Carlos Calatrava, investigador en políticas públicas; Julio César Pineda, diplomático con amplia experiencia; Ángel Zerpa Aponte, exjuez y magistrado en el exilio; Enrique Ochoa Antich, político y activista de derechos humanos; Emilio Graterón, abogado y exalcalde con trabajo en organismos internacionales; y Nelson Chitty La Roche, abogado.
El proceso de selección está bajo la lupa debido a las implicaciones que tendrá en la justicia venezolana y la protección de derechos fundamentales, en un contexto donde la doble postulación genera incertidumbre y cuestionamientos sobre la verdadera intención de algunos aspirantes.
Información basada en reportes publicados por Runrun.es. Fuente original.