Estados Unidos está utilizando sanciones para imponer su jurisdicción a personas en el extranjero, lo que puede constituir violaciones de los derechos humanos, incluida la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación y el derecho a la propiedad.
Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales de derechos humanos, criticó este jueves las sanciones impuestas por Estados Unidos (EE. UU.) a diferentes personas y naciones por considerar que son «sin jurisdicción penal».
«Estados Unidos lleva años imponiendo sanciones a personas y entidades sin jurisdicción penal nacional y en ausencia de jurisdicción universal».
Douhan declaró que las acciones de los Estados Unidos son «una clara violación del derecho a las garantías procesales, incluida la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo».
Subrayó que estos derechos están garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que EE. UU. ratificó y debe aplicar plenamente.
«Las sanciones se dirigen contra individuos en el extranjero por presuntas actividades fuera de Estados Unidos, incluidas actividades que son legales donde ocurren», aseveró la relatora especial de la ONU.
Explicó que las sanciones secundarias ocurren cuando estas se dirigen contra personas y empresas extranjeras por su presunta interacción con las partes penalizadas o por evadir los regímenes de sanciones.
Violación de la libertad de circulación y de propiedad
Alena Douhan acusó además que las sanciones estadounidenses suelen prohibir la entrada a EE. UU. y congelar cualquier activo con conexión estadounidense, violando así los derechos a la libertad de circulación y a no ser privado arbitrariamente de la propiedad.
«El temor a las sanciones estadounidenses ha llevado a muchas empresas e instituciones financieras extranjeras a cumplirlas en exceso para reducir sus riesgos. Esto no hace sino empeorar el impacto de las sanciones sobre los derechos humanos».
La relatora especial enfatizó en que los derechos humanos se vulneran cuando las prohibiciones comerciales de EE. UU. contra determinados países penalizan a las empresas extranjeras por hacer negocios.
«Estas políticas afectan a los derechos laborales, a la libertad de circulación y a los derechos de las personas que pueden estar asociadas a estas empresas».
La experta cuestionó la compatibilidad de este tipo de imposición de jurisdicción extraterritorial con las normas internacionales de derechos humanos, según lo detallado en el portal web de Noticias ONU.