La Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber) denunció que al menos dos de cada 10 refrescos que se consumen en suelo venezolano, corresponden a productos contrabandeados provenientes de Colombia.
El director ejecutivo de Anber, Carlos Palumbo, pidió a las autoridades del país tomar medidas para frenar el ingreso de productos contrabandeados a través de la frontera que conecta a Colombia con Venezuela, puesto que los niveles de ventas ilícitas de bebidas gaseosas ocupan una tajada importante del mercado.
Según registros del gremio, mensualmente ingresan al país 2,1 millones de cajas de refrescos de contrabando, cuando la demanda nacional actual es de 8,5 millones. Esto quiere decir que los productos contrabandeados ocupan 24,7% del mercado venezolano.
«Alrededor de 2.100.000 cajas mensuales ingresan por la frontera que no cumplen controles de ningún tipo y no pagan impuestos municipales, nacionales ni parafiscales», alertó en una rueda de prensa realizada en la sede de Conindustria.
La situación empeora según la región. Los estados más cercanos a la frontera colombiana son los más perjudicados y la cuota del mercado incrementa en el occidente. El caso en el cual se acentúa más el problema es en Zulia, donde el mercado negro ocupa 43% del mercado.
Palumbo destacó que en Zulia, ninguna empresa integrante de la cámara tiene una tajada del mercado más grande que los productos contrabandeados.
«El líder del mercado en Zulia es el contrabando, no son las empresas venezolanas, sino el refresco ilegal. Es un estado donde el problema adquiere unas dimensiones preocupantes y un ejemplo de lo que puede ocurrir en el resto del país si no se toman medidas a la brevedad posible», destacó.
La presencia del contrabando en Zulia es tan elevada debido a que el principal paso de productos contrabandeados se produce en Paraguachón, una localidad que conecta el departamento colombiano de La Guajira con el municipio venezolano Guarero.
A raíz de la cuota del mercado que ocupa el contrabando, la industria venezolana de bebidas refrescantes afronta graves problemas para aumentar sus ventas, y se ven atados a atender la demanda restante de 6,4 millones de cajas mensuales, lo que corresponde a tan solo 25% de la capacidad productiva de las plantas dedicadas a la producción de refresco.
«Tenemos 85% de capacidad ociosa en la industria venezolana. No se justifica que entre un producto contrabandeado cuando la industria nacional tiene capacidad ociosa y puede satisfacer la demanda, incluso si crece. Tenemos la capacidad para atender cinco veces la demanda actual», afirmó Palumbo.
Las consecuencias del contrabando no solo las padece la empresa privada, sino toda la economía venezolana, puesto que perjudica a la cadena de valor que se forma cuando las empresas nacionales crecen.
En este sentido, el gremio del refresco sostiene que el contrabando pone en peligro más de 6.500 puestos de trabajo directos y otros 32.000 indirectos.De igual forma, el Estado deja de percibir ingresos a través de la recaudación fiscal, pues los refrescos colombianos contrabandeados no pagan el 25,8% de los impuestos nacionales ni el 3% de obligaciones municipales que deben aportar las empresas venezolanas del sector.
Piden lupa a refrescos contrabandeados
Debido a la crisis que denuncia padecer la industria de bebidas refrescantes, Anber solicita a las autoridades una mayor premura con las medidas que han prometido en los últimos años.
Concretamente, Palumbo se refirió a la creación del Estado Mayor contra el Contrabando, una instancia para la cual la administración de Nicolás Maduro ya dio el visto bueno, pero no se han dado pasos certeros para su operatividad.
«La solicitud más importante es que se cree el Estado Mayor contra el Contrabando. Que este anuncio que hizo el Ejecutivo Nacional se desarrolle, para nosotros es fundamental que nos inviten a participar», razonó Palumbo.
Con información de Tal Cual