Elvis Amoroso, un funcionario sancionado por Estados Unidos que militó en el chavismo desde finales del siglo pasado y que fue consultor jurídico del Palacio Presidencial de Miraflores es el encargado de las inhabilitaciones políticas en Venezuela.
Abogado y economista aficionado a la música sinfónica, Amoroso, de 59 años, es Contralor General de Venezuela desde octubre de 2018. Lo nombró la Asamblea Nacional Constituyente que promovió el oficialismo y que fue una institución contraria a la Constitución, según voceros de la oposición.
El despacho de Amoroso notificó la semana pasada que María Corina Machado, dirigente del partido Vente Venezuela y favorita en las encuestas de la primaria presidencial de la oposición, está inhabilitada para ejercer cargos públicos desde 2015 hasta 2030.
Machado, una exdiputada e ingeniera industrial de discurso recio contra el chavismo, es la última en una amplia lista de opositores inhabilitados por la Contraloría en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La oposición ha señalado que la Contraloría y las inhabilitaciones han sido utilizadas por el chavismo como herramienta política contra sus detractores de mayor perfil.
La oposición señala que las inhabilitaciones no tienen fundamento en la Constitución.
El artículo 42 de la Carta Magna venezolana especifica que el ejercicio de algunos de los derechos políticos “solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme”. El artículo 65 detalla que no podrán aspirar a cargos de elección popular aquellos “condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.
Según la oposición, las inhabilitaciones a políticos de sus partidos por hasta 15 años no cumplen con la ley que exige una sentencia judicial firme. Como en el caso de Machado, a los candidatos ni siquiera se notifican oficialmente que están inhabilitados.
El gobierno de Estados Unidos sancionó a Amoroso en noviembre de 2017 por vínculos con fraudes electorales y censura a la prensa.
Panamá tomó una medida similar por considerarlo “de alto riesgo” para el blanqueo de capitales.
El argumento del chavismo
El oficialismo defiende el poder de Amoroso, nacido en el estado Aragua, de inhabilitar a políticos esgrimiendo el artículo 105 de la Ley de Contraloría General, una norma que habla de sanciones por la “responsabilidad administrativa” de quienes hayan cometido actos “ilícitos”.
Según esa normativa, Amoroso puede “imponer” la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por 15 años. Para ello, reza la ley, debe notificar a la dependencia u organismo donde haya ocurrido la presunta corrupción.
Los poderes públicos, instituciones y organismos “están obligados a consultar el registro de inhabilitados” de la Contraloría General, añade la ley.
La oposición denuncia que ese listado de funcionarios vetados, además de ilegal, es opaco.
Un caso emblemático es el de Freddy Superlano, hoy precandidato a la Presidencia por Voluntad Popular. No fue sino dos semanas después de las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021 cuando la justicia indicó que nunca debió ser candidato a la gobernación de Barinas debido a una inhabilitación de la Contraloría, desconocida hasta entonces. Superlano lideraba el conteo de votos.
Pasado oficialista
Las huellas políticas de Amoroso están marcadas esencialmente en el poder legislativo.
Amoroso ascendió al Congreso en 1993, y en 1998 el partido chavista Movimiento Quinta República lo respaldó para reelegirse.
El Partido Socialista Unido de Venezuela, movimiento unitario del chavismo, apoyó en 2005 su candidatura al Parlamento. Fue miembro de esa Asamblea Nacional hasta 2015, cuando perdió su intento de reelección -la oposición ganó esa votación- y aspiró luego sin éxito a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
Con información de VOA
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