La organización Provea cuestiona la transparencia en el proceso de liberación de presos políticos amparados por la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela. Oscar Murillo, coordinador general de Provea, denunció que la sociedad civil no tiene acceso para validar las cifras oficiales porque la comisión encargada de supervisar la ley está integrada solo por diputados de la Asamblea Nacional.
Murillo explicó que, a pesar de las propuestas de Provea para incluir representantes de organismos internacionales de derechos humanos, la Iglesia, comités de víctimas y miembros de la sociedad civil, la comisión quedó conformada exclusivamente por parlamentarios. Según él, esta exclusión pone en riesgo la transparencia del proceso.
La preocupación surge luego de que el diputado Jorge Arreaza, responsable de la comisión parlamentaria, informara que 7.474 personas están en libertad restringida y 253 detenidos fueron liberados definitivamente bajo la extinción de la causa penal. Además, se han recomendado excarcelaciones para 116 personas, aunque sus juicios continúan por cargos no cubiertos por la ley.
Hasta ahora, se han recibido 12.557 solicitudes para acogerse a la amnistía, de las cuales 9.726 fueron consideradas válidas, 539 están en estudio y 2.831 identificadas como duplicadas. También se registraron 1.460 solicitudes que no aplican por delitos graves como homicidio, corrupción, narcotráfico o violaciones a derechos humanos.
Arreaza afirmó que mantienen comunicación con varias ONG, incluido el Foro Penal, que ha registrado la excarcelación de al menos 673 presos políticos desde el 8 de enero.
Murillo concluyó con un llamado a actuar con base en la verdad y a seguir luchando para garantizar la libertad plena e incondicional de todas las personas privadas de libertad por razones políticas.
Información basada en reportes publicados por El Nacional.
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