Activistas exigieron este martes, en una protesta pacífica frente a la sede de la Embajada de España en Venezuela, la liberación de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, y los más de 300 presos políticos en el país. Entregaron un documento a María Victoria García Ojeda, consultora de derechos humanos del cuerpo diplomático español en Caracas.
«Nos reiteró el compromiso que tiene la embajada de seguir haciendo todas las labores consulares para la protección y la integridad de Rocío y su familia y de cualquier persona que pudiera estar atravesando esta situación, sobre todo si es un ciudadano español», manifestó Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz.
Señaló que como parte de sus obligaciones y derechos, los representantes diplomáticos comunicaron que solicitaron al gobierno venezolano visitar a Rocío San Miguel, quien también tiene la nacionalidad española, y ratificaron que insistirán en el cumplimiento del debido proceso.
«Esta es una situación que nos convoca a todas y a todos, no porque sea Rocío San Miguel, sino porque es un patrón que sufren venezolanos, siendo Rocío una de las figuras más representativas del movimiento de derechos humanos y de la sociedad civil», agregó Rendón en declaraciones a la prensa.
Instó a las autoridades a que se garantice el cumplimiento del debido proceso y que sus abogados puedan verla y acceder al expediente.
Los riesgos en Venezuela aumentaron
Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, afirmó que los venezolanos son más vulnerables y que los riesgos en el país aumentaron desde el 9 de febrero, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron a la presidenta de Control Ciudadano.
«Queremos solidarizarnos con la familia de Rocío San Miguel. Es importante recalcar el llamado a la solidaridad internacional y a la comunidad internacional. Lo que ha ocurrido con Rocío San Miguel y en los días siguientes no ocurre en un gobierno democrático», expresó el también periodista, quien rechazó el cierre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas.
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