Economías Ilícitas, bajo el manto de la impunidad forma parte de la investigación que ha llevado a cabo Transparencia Venezuela para profundizar en las características de las redes y mercados criminales existentes en Venezuela así como el cambio que han sufrido este año 2023.
«El informe parte de un análisis de la institucionalidad venezolana como entorno favorable para la evolución de organizaciones a redes criminales complejas, y pone el foco en los posibles cambios de estos grupos y sus actividades, la aparición de nuevas bandas, nuevas relaciones con instituciones y funcionarios corruptos, así como análisis cualitativos que determinan las distorsiones en los ámbitos institucional, económico, político y social, en la esfera local, nacional e internacional», señalan.
En la rigurosa investigación se evalúan los tipos de agentes que intervienen en estas prácticas para identificar los roles más relevantes en la estructuración y operación de la red criminal, principalmente en la comisión de violaciones de derechos humanos. Desde el año 2022, Transparencia Venezuela sentó un precedente al identificar una relación de interdependencia entre las economías ilícitas y la burocracia instaurada en Venezuela.
«Durante los últimos años Transparencia Venezuela ha hecho seguimiento al flujo de las economías ilícitas que operan en el país, sus vínculos con factores de poder, las redes nacionales e internacionales que se han tejido en torno a estas actividades, al igual que su impacto en la sociedad y los derechos humanos de los ciudadanos. Los resultados quedaron plasmados en dos entregas del estudio Economías Ilícitas, al amparo de la corrupción, que han sido referencia a la hora de comprender la magnitud de estas redes, así como su alcance e influencia en distintos ámbitos.
Ahora la organización presenta Economías Ilícitas, bajo el manto de la impunidad tercera edición de la investigación que profundiza en la caracterización de las redes y mercados criminales existentes en Venezuela y de los agentes que participan. El estudio incluye un análisis de la institucionalidad nacional como escenario que favorece la evolución de organizaciones a redes criminales complejas. En este sentido, se muestra cómo el incremento de la actividad ilegal se ha nutrido y, a la vez, ha propiciado distintos niveles de corrupción.
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