La necesidad de reestructurar la deuda pública de Venezuela, buscar financiamiento internacional y ofrecer garantías a los inversionistas son los enfoques clave de varios aspirantes opositores que compiten en unas primarias para escoger el candidato a las elecciones presidenciales de 2024.
Algunos de los 14 precandidatos a las elecciones primarias del 22 de octubre han comenzado a divulgar parte de sus propuestas para recuperar la economía, que estuvo bajo un colapso durante ocho años por el modelo estatal de controles, la crisis del sector petrolero y las sanciones estadounidenses.
Tras la dolarización de facto, la economía empezó a mostrar una incipiente recuperación, pero este año se vuelto ha desacelerar con una inflación anual de 404%.
La oposición venezolana, a menudo dividida, busca derrocar al presidente Nicolás Maduro, quien gobierna el país desde 2013. Las últimas elecciones que ganó en 2018 fueron ampliamente condenadas por las democracias occidentales como fraudulentas.
Varios precandidatos opositores están inhabilitados para ejercer cargos públicos, incluida María Corina Machado, que está adelante en las encuestas de opinión para las primarias.
Las primarias se llevan a cabo sin apoyo estatal. Los aspirantes inhabilitados pueden participar en ellas, pero no podrían registrarse para las elecciones generales, lo cual se debate dentro de la oposición.
La campaña también ha continuado a pesar de un esfuerzo para buscar que el máximo tribunal de Venezuela suspenda las primarias por acusaciones no especificadas de irregularidades y la promesa del líder del partido gobernante de no permitir la presencia de observadores electorales de la Unión Europea.
Si triunfa, Machado buscaría una reestructuración amigable de la deuda, dijo Sary Levy, economista y asesora de la precandidata.
La deuda de Venezuela y PDVSA supera los 60.000 millones de dólares, pero las obligaciones crecen debido a los pagos pendientes por varias de las expropiaciones realizadas en el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, y que analistas estiman en más de 10.000 millones de dólares.
«De los bonos que surjan de una reestructuración de deuda algunos podrían ser elegibles para un canje de deuda por inversión, en un programa de privatizaciones que incluya al sector petrolero», dijo Levy. También buscaría restablecer relaciones, actualmente suspendidas, con el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Reuters
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