En tiempos legales, el caso venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) ha avanzado con una celeridad que impresiona a muchos. Justo el martes 7 y este miércoles 8 de noviembre se presentó una audiencia de apelaciones en la que el gobierno de Maduro ha tenido que dar razones a la justicia internacional, que lo acusa de no investigar crímenes de lesa humanidad.
Lo interesante de esta audiencia consiste en que es la primera vez que ocurre en un caso de este tipo. En los dos parecidos, Filipinas y Afganistán, ninguno llegó a este punto. En el primero se convocó una audiencia para dictar sentencia y en el segundo todo fue por escrito. ¿Qué esperar entonces para Venezuela?.
Caracas, defendida por el controversial abogado británico Ben Emmerson, introdujo un recurso en contra de la decisión de los jueces de autorizar al fiscal Karim Khan a continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, en las audiencias del martes y este miércoles, los alegatos no han sido suficientes para convencer a los jueces, quienes insisten en que se han cometido crímenes, y lo peor, que no se están investigando en el país.
Uno de los alegatos de Venezuela es que no se le exigió al fiscal Khan tomar en cuenta los documentos presentados por Venezuela en español, que alegó que no hizo las traducciones porque «muchos países pobres solo hablan español».
«El fiscal tiene la responsabilidad de hacer las traducciones necesarias. Venezuela no tiene la obligación de hacerlo porque esto haría que se aplicase de forma totalmente discriminatoria el Estatuto. Es decir, que cualquier Estado cuyo idioma de trabajo fuese el inglés o el francés no tiene la obligación de traducir los documentos, pero sí los que utilizan el español, que son muchos países pobres», argumentó Emmerson.
Pero este alegato fue rechazado y tanto la Fiscalía como la Oficina de Defensa de las Víctimas recordaron que Venezuela podía haber solicitado oficialmente que el proceso se llevara adelante en español, pero no lo hizo.Una audiencia inéditaPara esta audiencia, el Estado venezolano tuvo que ir a la CPI a defenderse. Además de Emmerson, intervinieron el canciller Yvan Gil, el secretario del Consejo de Derechos Humanos, Larry Devoe, y Karen García, de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público.
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