La Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) documentó 305 violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad entre enero y diciembre del 2022, revela su más reciente informe.
“La mayoría de las personas reportaron como principal factor el poco poder adquisitivo para cubrir gastos médicos y alimenticios. Asimismo, refirieron que el sistema de salud público no cuenta con médicos especialistas e insumos médicos por lo que ven como única opción la salud privada y sin embargo por sus pocos ingresos es imposible tener acceso a esta”, resalta el informe presentado esta semana.
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, afirma que las personas con discapacidad enfrentan importantes barreras, entre ellas de accesibilidad y justicia. Si bien admite que Venezuela posee “buenos instrumentos legales”, sostiene que no se están cumpliendo adecuadamente.
“El sistema de políticas públicas no tiene herramientas, mecanismos de inclusión, de atención inclusiva, le da poca importancia a las personas con discapacidad para que haya una real inclusión”, resalta.
Manuel Vicente Pérez, director de Programas de la Sociedad Amigos de los Ciegos, llama al Estado venezolano a revisar las políticas públicas y los exhorta a convocar a organizaciones privadas que tienen un “trabajo fundamental”.
“Que estas personas con discapacidad visual, auditiva, múltiple, intelectual, motora, que forman parte de una minoría bastante vulnerable, sean dignificadas y que haya políticas serias”, dijo a la Voz de América.
Para Pérez, en Venezuela se evidencia una importante exclusión de personas con discapacidad e insiste en que “la lucha” debe ser por la verdadera inclusión.
“A veces nos sentimos muy integrados pero integrado es muy distinto a la inclusión. Integrado es solamente que somos parte de un todo, pero incluido es que somos sujetos de derecho”, afirma.
El gobierno venezolano constantemente asegura trabajar por la inclusión y en visibilizar a las personas con discapacidad. A principios de este año la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó una Ley Especial para Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad.
Educación
El informe destaca que en Venezuela no se dispone de cifras públicas oficiales que permitan conocer el estado de las garantías de acceso a la educación y las condiciones de participación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con discapacidad.
Sin embargo, aunque según datos recabados por Consorven, para el 2022 el 100% de los NNA con discapacidad consultados para llevar a cabo el informe son parte del sistema público educativo, dos de cada diez no estudian actualmente con regularidad.
“La mayoría de los niños están inscritos en sistema escolar pero no se ha podido proseguir con el estudio porque no hay materiales accesibles o porque muchas veces los docentes no están totalmente preparados para la adecuación de los materiales educativos para los NNA con discapacidad”, explica a la VOA Argelia Bolívar, coordinadora de DDHH de Consorven.
Además, señala que durante la pandemia de COVID-19 se profundizaron las condiciones “desiguales” de participación de los NNA con discapacidad.
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