El Partido Comunista de Venezuela (PCV) vive la cuarta ilegalización de su historia desde su fundación hace 92 años —dos en dictaduras, una tras optar por la lucha armada y la última este agosto, con un gobierno socialista—, luego de que el Supremo ordenara una intervención, que sus miembros —aseguran— afrontan con «la moral en alto».
El PCV nació en la ilegalidad y vivió episodios de clandestinidad durante los gobiernos militaristas de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), y del socialdemócrata Rómulo Betancourt (1945-1948), cuando pasó a ser una guerrilla.
El 11 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un amparo constitucional, introducido en julio por supuestos miembros del propio PCV, que despoja a la dirección tradicional de sus siglas y tarjeta electoral, y nombra una «junta directiva ad hoc» para organizar «procesos democráticos internos».
Las «aberraciones» de la sentencia
Yul Jabour, miembro de la dirección tradicional del PCV, dijo a EFE que esta acción es una «judicialización», como ocurrió «en dictaduras militares o en «seudodemocarcias», lo que el buró político del comité central de la formación considera una «aberración jurídica» con errores «inexcusables» y marca un «gravísimo precedente para la historia».
Explicó que el TSJ justifica la decisión con que «no se ha celebrado el correspondiente congreso de la organización», lo que —aseguró Jabour— «es falso», ya que la hubo cónclave en 2017 y en 2022, cuando se eligieron los 62 miembros actuales del comité central, quienes ratificaron, por sexta vez, a Óscar Figuera en la Secretaría General.
Con información de El Nacional
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