La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática advirtió sobre un posible acuerdo entre el régimen chavista y sus aliados para repartir los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, en violación de la Constitución venezolana.
Según el comunicado emitido el 11 de marzo de 2026, esta maniobra buscaría asegurar que las personas designadas a estos cargos mantengan lealtad al poder y se subordinan a un aparato represivo que ha permitido durante años el encarcelamiento de miles de ciudadanos inocentes.
La oposición enfatiza que la autonomía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo es vital para garantizar investigaciones imparciales y el acceso a la justicia, además de restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales.
La Constitución establece que el Ministerio Público dirige la investigación penal y debe proteger los derechos constitucionales en los procesos judiciales. Por ello, el fiscal general debe velar porque se respete el debido proceso, investigue abusos de poder y se termine con el uso del sistema penal para perseguir políticamente.
La Plataforma Unitaria afirma que estos cargos son fundamentales para reconstruir el Estado de derecho y evitar que se utilicen las instituciones para intimidar o encarcelar a quienes piensan diferente. Por eso, señala que la designación de autoridades del Poder Ciudadano no debe ser parte de acuerdos políticos para mantener cuotas de poder.
Asimismo, sostienen que una justicia independiente es un requisito indispensable para una auténtica transición política y el restablecimiento pleno de las libertades. Las designaciones deben formar parte de un proceso democrático transparente, no de pactos opacos que prolonguen la subordinación institucional al poder político.
Finalmente, el comunicado expresa que Venezuela demanda instituciones que cumplan con la Constitución y defiendan los derechos de todos, no funcionarios al servicio de un régimen que busca perpetuarse. “El país reclama justicia independiente, respeto a la Constitución y el fin definitivo de la persecución política”, concluye la Plataforma Unitaria.
Información basada en reportes publicados por El Nacional.