Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, negó este domingo las acusaciones de corrupción y vínculos con narcotraficantes que denuncian medios locales y por los cuales está siendo investigado.
«Me encuentro en total disposición de comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia (…) los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita», aseguró el también diputado del departamento del Atlántico (norte) por el movimiento izquierdista del presidente Gustavo Petro.
La exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, lo acusó en una entrevista a la revista Semana de tener vínculos con narcos y contrabandistas, además de recibir dineros para la campaña presidencial de Gustavo Petro que en realidad usaba para pagarse una vida lujosa, según ella, a espaldas de su padre.
El medio de comunicación publicó la transcripción de distintas conversaciones de Whatsapp entre la entonces pareja en las que hablan de movimientos de grandes sumas de dinero, la compra de una casa de campo por un valor equivalente a más de 330 mil dólares y tratos corruptos con ministros del Gobierno.
En una de las transcripciones el hijo mayor del Presidente asegura haber recibido del ministro del Interior, Alfonso Prada, diez «cupos» de trabajo para abogados de su círculo y le pide a su entonces esposa buscar hojas de vida de allegados.
A las revelaciones de Semana se sumaron otros medios de comunicación que publicaron extractos bancarios que dan cuenta de gastos mensuales superiores al salario de un diputado.
El jueves, antes de las acusaciones de Day Vásquez, el Presidente pidió a la Fiscalía investigar a su hijo de 36 años y a su hermano Juan Fernando Petro para determinar si han ofrecido a narcotraficantes beneficios en el marco de las iniciativas oficiales de paz a cambio de dinero.
Nicolás Petro anunció en el comunicado que da «un paso al lado» de la política y la coalición izquierdista de su padre mientras se verifica su «inocencia».
Semana oscura
El Gobierno ha denunciado la existencia de un cártel que soborna a presos en las cárceles para ofrecerles falsas intermediaciones en procesos de paz, beneficios judiciales o promesas de evitar su extradición.
«Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia», indicó el Presidente Petro en un comunicado.
Su hermano ya compareció ante la Fiscalía por estas denuncias a principios de febrero, en una declaración reservada de 40 minutos. Ese día, el abogado de Juan Fernando Petro aseguró que su cliente es «víctima» de una red de abogados que usa su nombre para adelantar supuestas gestiones ante el Gobierno.
A principios de 2022, en plena campaña presidencial, Juan Fernando acudió a una cárcel de Bogotá para reunirse con varios reclusos. Según la prensa, en este encuentro ofreció beneficios para condenados por corrupción y narcotráfico en un eventual gobierno de su hermano.
Con su política de «paz total» Petro busca desactivar medio siglo de conflicto armado con guerrilleros y traficantes de droga por medio de negociaciones y sometimientos especiales a la justicia. La iniciativa que se debatirá en el Congreso ofrece beneficios penales y económicos para quienes abandonen el narcotráfico en el país que más cocaína produce en el mundo.
El Gobierno ha anunciado un proyecto de ley que establecerá penas máximas de ocho años y la posibilidad de conservar hasta 10% de sus fortunas para los narcotraficantes que se acojan a la justicia.
Los guerrilleros con estatus político tendrán otra clase de beneficios que se acordarán en mesas de diálogo.
En el poder desde el 7 de agosto, el primer presidente de izquierda de Colombia termina una semana turbulenta: una crisis de gabinete con tres relevos de ministros, la caída de la popularidad del Mandatario en las encuestas (40% de aprobación), la retención durante dos días de casi 80 policías por parte de manifestantes campesinos en el Caquetá y el escándalo que enloda a su familia.
AFP
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