La «represión selectiva contra líderes sociales y políticos» en Venezuela está creciendo de cara a las elecciones de 2024, después de que hubiera bajado en intensidad desde que con la pandemia, en 2020, se redujeron las protestas, alertó hoy la Misión Internacional Independiente para Venezuela.
En la presentación de su cuarto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, indicó como muestra «muy preocupante» de esa creciente represión la inhabilitación política de la precandidata presidencial opositora María Corina Machado.
Otros ejemplos han sido la intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia y la condena penal a 16 años de prisión a varios dirigentes sindicales por participar en protestas por reclamaciones laborales, agregó.
«En Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y estas violaciones no son hechos aislados, sino que reflejan una política de represión de la disidencia y oposición al Gobierno que continúa», subrayó la jurista portuguesa al presentar el informe.
Éste, que se centra en abusos cometidos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2023, documenta al menos 58 detenciones arbitrarias de líderes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de oposición y otros críticos con el Gobierno de Nicolás Maduro.
El informe, que ya había sido presentado en rueda de prensa el pasado 20 de septiembre, también cita nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas de corta duración, y 28 casos de tortura y malos tratos, entre otras violaciones de derechos humanos.
El docuemnto reconoce un descenso de las violaciones de derechos humanos denunciadas con respecto al periodo anterior a 2020, por el cambio en la crisis política que produjo la pandemia en ese año, al marcar el fin de las protestas masivas y de las operaciones de contrainsurgencia a gran escala en respuesta a iniciativas para desestabilizar al Gobierno.
Valiñas criticó hoy que el mismo día 20, en el que su misión presentó en rueda e prensa el informe, se condenó a penas de entre 16 y 30 años de prisión a siete acusados de la causa «Operación Constitución», entre ellos personas cuyos casos habían sido documentados por la propia misión en informes previos.
«Fueron víctimas de detenciones arbitraras, desapariciones forzadas de corta duración, así como tortura y malos tratos», afirmó la experta, denunciando que la audiencia se celebró a altas horas de la madrigada, incorporando pruebas documentales «intempestivamente» y prescindiendo de más de 30 testigos.
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