La Misión internacional independiente de la ONU para Venezuela documentó la detención de al menos 150 menores de edad (122 niños y 28 niñas) durante el período posterior a las elecciones presidenciales.
“Una proporción todavía no establecida de estos fueron imputados con delitos graves como incitación al odio y terrorismo por su alegada participación en protestas violentas”, detalla el informe, dado a conocer íntegramente este martes 15 de octubre, donde se presentan “conclusiones detalladas sobre las graves violaciones de derechos humanos y delitos cometidos en Venezuela contra personas opositoras o percibidas como tales durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024”.
“Las investigaciones de la Misión se centraron en las violaciones graves de derechos humanos mencionadas explícitamente en el mandato que le otorgó el Consejo de Derechos Humanos (como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género)”, indica.
Recuerda que “el período que abarca el informe estuvo marcado por el proceso conducente a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”.
¿Qué dice el informe de la Misión de la ONU sobre las detenciones de niños y niñas después de las elecciones presidenciales en Venezuela?
La Misión de la ONU indica que “la detención masiva de niños y niñas es un fenómeno preocupante que no había sido identificado previamente”. Advierte que según el derecho internacional de los derechos humanos, “niño y niña es todo ser humano menor de 18 años de edad”. Señala asimismo que la legislación venezolana considera niño y niña a las personas menores de 12 años, y adolescente a las que tienen entre 12 y 18 años.
“La Misión investigó 11 casos relativos a detenciones de niños y niñas, todos ellos relativos al período electoral, incluyendo cinco casos de violencia sexual mientras las niñas permanecían privadas de libertad”, apunta.
“Las investigaciones avanzadas hasta la fecha han podido documentar una serie de elementos que prima facie contravienen las normas y estándares internacionales de protección de la niñez”, agrega.
La Misión subraya que en todos los casos, según la información recibida, las detenciones fueron ejecutadas sin órdenes judiciales y sin que existiera flagrancia: “Al ser detenidos, los niños y niñas no estaban participando en protestas, pacíficas o violentas. En uno de los casos, la detención se produjo en el marco de una redada indiscriminada en la que también se detuvo a personas adultas que circulaban por la calle cerca de donde se estaba llevando a cabo una manifestación”.
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