Una demanda judicial que busca poner fin al programa de parole humanitario que permite a nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos emigrar legalmente a Estados Unidos, mantiene en vilo a miles de personas, como Emilia Martínez, quien desde Cuba espera poder reunirse con su hija en Miami gracias a dicho mecanismo.
«Yo pido todos los días porque no lo quiten. Mi hija y yo rezamos porque siga [el programa de parole] o que al menos nos dé tiempo a que nos veamos de nuevo antes de que pase lo peor», dijo la maestra retirada a la Voz de América.
A «lo peor» que se refiere Martínez es el posible fin de la medida, una solución a la crisis migratoria en la frontera sur estadounidense, implementada en octubre, primero para venezolanos; y luego ampliada en enero a las otras tres nacionalidades.
«Yo pido todos los días porque no lo quiten. Mi hija y yo rezamos porque siga [el programa de parole] o que al menos nos dé tiempo a que nos veamos de nuevo antes de que pase lo peor», dijo la maestra retirada a la Voz de América.
A «lo peor» que se refiere Martínez es el posible fin de la medida, una solución a la crisis migratoria en la frontera sur estadounidense, implementada en octubre, primero para venezolanos; y luego ampliada en enero a las otras tres nacionalidades.
La administración de Joe Biden la puso en marcha para disuadir los cruces fronterizos ilegales y en su lugar ofrecer permisos de residencia y trabajo temporal por dos años. El intento de ingresar al territorio de EEUU de forma irregular descalifica al aspirante, que tampoco podrá ingresar sin autorización a México o Panamá.
«Fue una bendición», aseguró a la VOA Miryolis, una cubana que prefirió no dar su apellido. La joven llegó a la Florida apenas un mes después de que su hermana la patrocinara bajo el programa.
«Yo no me lo creía al principio, pero sí, llegué y lo mejor: llegué sin tener que arriesgarme por la selva», agregó en referencia al peligroso viaje por Centroamérica hasta la frontera estadounidense.
Un alivio que peligra
Los migrantes originarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití contabilizaban la mayoría del récord de llegadas a los estados de Texas y Arizona, limítrofes con México. Según cifras oficiales, en enero pasado, un total de 11.637 migrantes llegaron a EEUU a través del programa de parole.
De acuerdo a datos recientes del Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), los encuentros con migrantes de estos cuatro países han caído un 95 % desde la ampliación del programa. El día del anuncio, el 5 de enero, el promedio de encuentros cada siete días era de 1.231. Apenas cuatro semanas después, el 31 de enero, el promedio decreció a sólo 59.
El límite de permisos de viaje se estableció a 30.000 al mes, repartidos entre los cuatro países.
Aunque el programa fue recibido con opiniones encontradas entre activistas y políticos, fue visto como un alivio para un gran número de personas que querían migrar, y como Miryolis, no tenían «los 15.000 dólares que piden los coyotes para cruzarte desde Nicaragua a la frontera con EEUU».
«Llegar sin arriesgarte y tener tus papeles poco después es una bendición», dijo la cubana en alusión a los cientos de miles de migrantes que actualmente permanecen en un limbo y sin tiempos claros de solución para sus procesos de asilo.
Sin embargo, el 24 de enero pasado, 20 estados presentaron una demanda contra la administración Biden pidiendo al Tribunal Federal de Texas que detenga el programa de parole humanitario, con un plazo hasta este martes 7 de marzo para probar por qué el programa debe seguir en pie.
Los estados de la Florida y Texas, ambos republicanos y con una gran población migrante, encabezan la acción judicial, en la que acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su titular, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, entre otros, de violar la ley federal de inmigración y de una extralimitación del Poder Ejecutivo.
«Los estados demandantes (…) enfrentan daños sustanciales e irreparables por el abuso del Departamento de su autoridad de libertad condicional, lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a cada uno de sus territorios ya abrumados», indica el documento de la demanda.
Recientemente, el juez Drew Tipton denegó la moción hecha el 14 de febrero por los estados demandantes para que se suspendiera temporalmente el programa mientras continúa el proceso para el juicio, fijado para el 25 de abril próximo.
No es perfecto, pero sí funciona
La abogada de Inmigración con sede en Miami, Rosaly Chaviano, aseguró a la VOA que muchos de sus clientes «están en una incertidumbre porque no saben lo que va a pasar».
Las demoras en los procesos también están contribuyendo a la inquietud de los aspirantes al parole y sus familiares. «No ha habido un paro total, pero sí se nota que los tiempos se han alargado en comparación con las primeras semanas de enero, cuando comenzó», explica Chaviano.
Aunque muchos relacionan la demanda con un mayor tiempo de respuesta en los casos de parole, la abogada aclara que «la demanda no ha hecho absolutamente nada todavía al programa», el cual continúa.
«También están preocupados porque si pasara lo peor, que es la detención del programa, no sabemos qué va a pasar con las personas que están pendientes de aprobación o qué va a pasar con las personas que ya tienen las autorizaciones para viajar, pero no han podido viajar», afirmó la especialista.
Con información de VOA
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