En una semana, el Gobierno de Nicolás Maduro pateó –una vez más y con inusitada violencia– el frágil sistema de protección de derechos humanos en Venezuela con la detención de la activista y experta en seguridad y defensa Rocío San Miguel y la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual funcionaba en Caracas desde 2019.
Esto en medio del pulso con la comunidad internacional y con la oposición por la inhabilitación de la aspirante presidencial María Corina Machado, y por la falta de un calendario electoral para este año.
Según el último estudio de la firma Polianalítica, Machado goza del apoyo del 50 por ciento de los potenciales votantes mientras Maduro no roza el 20 por ciento, lo que es una muestra de la necesidad de control del chavismo al saberse perdidos.
Los activistas de derechos humanos aseguran que estas dos acciones intensificarán el patrón represivo que no en vano derivó en una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI), y que al menos podía ser documentado de primera mano en Caracas con la oficina de la ONU.
Para la abogada Andrea Santa Cruz, el mensaje enviado con la detención de San Miguel es poderoso, pues el Estado arrecia contra las ONG y los activistas.
Esto ocurre no solo a través del actuar policial, sino que la persecución también será por vía “legal” a través del texto que puede ser aprobado en cualquier momento en el Parlamento y que lleva por nombre ‘Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines’.
“Es un riesgo porque son incumplibles los requisitos y se hace inviable la regularización porque es discrecional del Estado, somete a las ONG y es un instrumento de represalias”, dijo Santa Cruz mientras exigía la liberación de San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano y que hasta la fecha sigue sin comunicación con sus abogados, pues la justicia le asignó un defensor público al tiempo que allanó su vivienda.
En el último año, 62 organizaciones han sido criminalizadas, reitera Santa Cruz, y esto incluye persecución, intimidación y amenazas. “Se necesita un entorno para el espacio público en Venezuela y por eso no es aceptable que Rocío esté arbitrariamente detenida”, insiste Santa Cruz.
Pero la misma ONU ya había alertado el año pasado sobre el riesgo que corren los activistas y sus organizaciones y de cómo se puede incrementar si se aprueban los instrumentos legales en el Parlamento.
“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”, alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU en enero del año pasado.
Para Claudia Carrillo, psicóloga del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), la arremetida gubernamental es un tema serio que no se debe tomar con ligereza. A la par que pedía la libertad de San Miguel, Carrillo contabilizó 2.227 ataques a defensores y organizaciones, siendo los últimos tres años los de mayor amenaza, campaña de descrédito, y el “uso de la desaparición forzada como mecanismo de Estado”.
Por El Tiempo