No ha pasado ni una semana desde su toma de posesión para que Luiz Inácio da Silva, en su nuevo papel de presidente, aunque en su tercer mandato, se haya visto desbordado por los acontecimientos. Desde las contradictorias declaraciones de algunos de sus ministros, como el de Economía, hasta las repercusiones en los mercados financieros, esta primera semana de investidura ha sido un torbellino de emociones y reacciones.
Que las turbulencias sacudirían esta semana el arranque del gobierno ya quedó claro en el primer discurso de Lula ante el Congreso durante la ceremonia de investidura. “El techo de gasto es una estupidez”, había atronado, y luego sacó a relucir la historia de la supuesta “destrucción de las empresas estatales y los bancos públicos” por parte de Bolsonaro sólo para justificar su proyecto político de impedir la prevista privatización de ocho empresas estatales. Entre ellas, la petrolera nacional Petrobras que entre 2019 y 2022 había inyectado en las arcas del gobierno, su principal accionista, 447 mil millones de reales, es decir 82.000 millones de dólares.
En esta primera semana, en fin, ya parece mostrarse a grandes rasgos el programa de gobierno -y in nuce también sus potenciales problemas- que Lula en la campaña electoral se había negado a detallar, especialmente en la parte económica, pidiendo a sus electores un acto de fe. “La garantía soy yo”, había dicho en repetidas ocasiones. Hasta ahora, sin embargo, como señala un editorial del diario Estado de São Paulo, entre sus recientes declaraciones y las de algunos de sus ministros emerge el hecho de que se están desempolvando anticuadas ideas del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula sobre la economía que en el último mandato de Dilma Rousseff (2014-2016) vieron su fracaso, sumiendo al país en una terrible recesión que llevó al impeachment en 2016 de la propia presidenta. Se trata de una mayor intervención del Estado en la economía, una alteración de las reformas que habían funcionado, como la reforma laboral, un desprecio del techo de gasto con la promesa de un nuevo mecanismo fiscal todavía indefinido, y políticas contra la inflación poco claras.
Tanto el ministro de Economía, Fernando Haddad, como el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, afirmaron en sus primeras declaraciones “que Brasil vive una situación anómala” en relación con la tasa de interés decidido por el Banco Central y que “intereses elevados no son buenos para nadie”. Estas declaraciones podrían anticipar, según los analistas, tensiones con el Banco Central, que se independizó en 2019 y está presidido por Roberto Campos Neto, respetado internacionalmente por subir la tasa de interés entre los primeros del mundo, lo que permitió a Brasil tener en el último año una inflación más baja que la de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Ya en las primeras 48 horas después de su investidura Lula firmó medio centenar de decretos y quince medidas revocatorias de la era Bolsonaro. Algunas son muy importantes y necesarias, como la revocación de los decretos de Bolsonaro que liberalizaron el uso civil de armas durante su mandato. En los últimos tres años, según estimaciones del Instituto Sou da Paz, las armas registradas en Brasil se han triplicado, pasando de unas 351.000 en el diciembre de 2018 a más de un millón hoy, con 994 millones de cartuchos vendidos. Además, también han aumentado los clubes de tiro. El desafío para el nuevo gobierno será sustituir la justicia por mano propia con un programa de seguridad nacional capaz de reducir la violencia cotidiana que sufren los ciudadanos y de contener el creciente poder del crimen organizado.
También fue importante el restablecimiento del Fondo Amazonia, que permitirá liberar más de 3.000 millones de reales (574 millones de dólares) recibidos de donaciones internacionales para combatir la deforestación del pulmón verde del planeta. El fondo existe desde hace 14 años, pero no ha sido utilizado por el gobierno de Bolsonaro debido a desacuerdos políticos con países donantes como Noruega y Alemania. Lula también firmó un despacho para que se evalúe en los próximos 30 días la posibilidad de revisar el sigilo de 100 años que que Bolsonaro impuso a documentos que implican a su familia.
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