“Vamos hacer viral, queremos justicia. Queremos respuestas de los jueces y el fiscal”, decían varias de las pancartas mostradas por varias mujeres a las afueras del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, al sur del país.
Cada una vive una realidad diferente en su hogar, pero ahora hay una lucha que las une: pedir respuestas por parte de las autoridades sobre la situación que están viviendo sus parientes en los nuevos centros de reclusión, tras la intervención de las cárceles por parte de los organismos de seguridad.
Una semana ha transcurrido desde que ocurrió la toma del Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como Vista Hermosa. Ese día hubo lágrimas, gritos de desesperación, incertidumbre y muchas interrogantes que con el pasar de los días se han incrementado.
Elsa Guilarte señaló que su hijo fue trasladado hasta el Internado Judicial de Barinas, a unos 919 kilómetros del estado Bolívar, lo que se traduce a 13 horas de camino en autobús. “Queremos que se pronuncien los tribunales con respecto a cada uno de nuestros familiares, porque no es justo este traslado cruel e inhumano que hicieron con ellos. Está bien, cometieron una falta, están pagando lo que hicieron”.
“Pero muchos de los que están ahí también están en procesos (judiciales) en los que ni siquiera se les ha comprobado que tienen delito, sino que están ahí por los 45 días, 45 días que se han hecho hasta 9 meses. 45 días se hacen 3 años, 4 años. 45 días son hasta 10 años y todavía no le hacen nada”, señaló Guilarte.
La mujer relató solo una parte del vía crucis que viven los familiares de los privados de libertad con el sistema judicial del país. “Yo fui el jueves 2 de noviembre para los tribunales de Bolívar, a pedir que la gente de Ciudad Bolívar en el tribunal Primero de Ejecución se trasladara hasta la cárcel, que es cerca, a que hiciera una verificación de datos de mi hijo. ¿Y qué me dijo a mí la funcionaria? Me dijo que no se iba a mover por dos certificaciones, que tenía que esperar mínimo que hubiera 15, 20, para ella poder ir para allá, porque no iba a perder un día de su trabajo a levantar actas con dos nada más. Que si yo hubiese ido el 17 de octubre, ya que se habían recibido varias actas, que porqué yo no fui antes para entrar en ese lote”.
Agregó que la funcionaria pública le “recomendó” ir el miércoles 8 de noviembre para ver “cuántas habían para ver si ella se podía mover. Y el lunes 6 de noviembre lo intervinieron, y a mi hijo me lo mandaron para Barinas. Yo soy una mujer de clase humilde, yo trabajo y ganó un sueldo mínimo. ¿Cómo yo me movilizo a Barinas? Yo no sé en qué condiciones está mi hijo, porque mi hijo solamente el miércoles se comunicó conmigo y me dijo que está bien. ¿Y a mí quién me dice que mi hijo está bien? Maduro no me va a decir a mí que mi hijo está bien, no, señor”.
En medio de carencias
Las mujeres relataron que lo poco que han podido constatar es que sus parientes no están en buenas condiciones. Denunciaron que están durmiendo en el piso, tomando agua de chorro y pasando hambre.
“Estas son las condiciones que pasaron a nuestros hijos. Y no es justo, no es justo, porque los primeros malandros están libres. Mi hijo me llamó el miércoles. Me dijo: ‘no te preocupes, estoy bien. Estoy bien’. Le dije: ‘hijo, pero dime’ y su respuesta solo fue: ‘no puedo hablar más contigo, mamá. Estoy bien. Muévete para los tribunales que estoy bien”, declaró Elsa.
Anunciaron que darán una semana de plazo a las autoridades para que se pronuncien sobre sus familiares, pero advierten: “Nosotras somos madres y estamos desesperadas. Si tendremos que ir al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, iremos. Si tenemos que marchar a Miraflores, vamos a ir. Porque son nuestros hijos, son nuestros familiares. A nosotros es que nos duele. Porque es mentira que Maduro le va a doler a un privado de libertad que tenga un pie enfermo, que esté muriendo en una cárcel. Eso es mentira”.
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