La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió este martes en un debate sobre la situación de Venezuela que el país celebre unas elecciones presidenciales «transparentes, inclusivas y participativas», el próximo 28 de julio
Asimismo, solicitó que se permita que sus trabajadores expulsados en febrero regresen al país.
«Esperamos que nuestra oficina pueda reanudar pronto plenamente su labor de servicio a la población de Venezuela, y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente», señaló en relación con esa expulsión la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Las autoridades venezolanas obligaron a trece empleados de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a dejar Venezuela en el plazo de 72 horas, después de que el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, les acusara de espionaje y conspiración.
Pese al tenso momento de relaciones entre la ONU y el gobierno venezolano, que habían pactado la presencia de esa oficina local en 2019, Al-Nashif aseguró que ha habido «cambios positivos» en el país, aunque «queda mucho por hacer».
Destacó que en 2023 no se registró, como había sido el caso antes, el innecesario o desproporcionado uso de la fuerza contra manifestantes, aunque sí se denunciaron arrestos y detenciones arbitrarias, entre otras represalias, a algunos participantes en esas protestas.
También denunció que defensores de los derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas por parte de las autoridades venezolanas, y citó los casos de los perseguidos activistas Javier Tarazona, fundador de la organización Fundaredes, y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.
La «número dos» de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk también manifestó la preocupación por las detenciones, intimidaciones y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición.
En ese sentido, Al-Nashif subrayó como un paso adelante la firma en octubre de 2023 de los Acuerdos de Barbados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática, pero hizo un llamamiento a que «se apliquen plenamente de buena fe».
En virtud de esos acuerdos, recordó, se liberó a 34 personas, pero «la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales».
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