Las empresas privadas en Venezuela enfrentan, según organizaciones gremiales, una «alta carga fiscal» a la que ahora se suma una contribución mensual recientemente creada para mejorar las pensiones -equivalentes hoy a unos 3,5 dólares al mes-, que reciben más de cinco millones de adultos mayores.
El 8 de mayo, el presidente Nicolás Maduro promulgó la Ley de Protección de las Pensiones, que crea una «contribución especial» de hasta 15% del total de los pagos realizados «por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial», que debe ser «declarada y pagada mensualmente», con el fin de «mitigar el impacto negativo» de las sanciones en los ingresos de los pensionados.
Para el abogado Juan Korody, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), si bien el propósito de mejorar las pensiones es «loable», el empresario privado tiene «prácticamente su capacidad económica agotada» a causa de la «excesiva carga fiscal» que -afirma- hay en el país.
El experto dijo a Efe que «la tributación en Venezuela se encuentra totalmente desarmonizada y llena de cargas materiales y formales».Explicó que las empresas destinan en promedio 80% de su utilidad en el pago de los tributos, lo que deja con poco margen para otros aspectos, como inversiones, adquisición de equipos, salarios y ganancias.Por tanto, «no es el momento de un nuevo aporte fiscal», sino de «armonizar» los tributos que «ya existen».
Un nuevo «impuesto»
De acuerdo con la ley, el jefe de Estado «establecerá, anualmente, el porcentaje correspondiente de la contribución», que para esta primera vez fijó en 9%, tres puntos más de lo sugerido por empresarios.
A juicio de Korody, la carga fiscal aumenta con este «impuesto», lo que tiene un impacto -advirtió- en los precios de los productos que pagan los consumidores, así como en la capacidad de las empresas para incrementar los salarios o hacer nuevas contrataciones.La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), según dijo a Efe su primer vicepresidente, Francisco Acevedo, había pedido que el porcentaje no superara 6% y que se exonerase el pago para «los sectores prioritarios».