Luego de que la oposición en el congreso lograra reelegir a las autoridades legislativas y a pocos días de que Guillermo Lasso cumpla dos años en el mandato; el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Virgilio Saquicela, convocó al Jefe de Estado para este martes 16 de mayo para que ejerza su derecho a la defensa en el juicio político impulsado por los legisladores correístas con apoyo del partido Social Cristiano y facciones de las bancadas indigenista y de la Izquierda Democrática.
La sesión iniciará a las 10h00 (hora local) y se extenderá hasta cinco horas. Según la Ley de la Función Legislativa, los interpelantes expondrán sus argumentos en un tiempo máximo de dos horas y el presidente podrá defenderse por tres horas. Este es el primer momento de la sesión de juicio político.
Una vez que el presidente Lasso termine su defensa, inicia una segunda etapa en la sesión: el debate. Todos los asambleístas que deseen podrán pedir la palabra y presentar sus argumentos a favor o en contra del enjuiciamiento. Cada congresista tendrá 10 minutos para su intervención. En Ecuador, la Asamblea Nacional está compuesta por 137 legisladores. Es decir que, si desean, podrán participar todos en el debate.
Cuando el debate termine, el presidente de la Asamblea tendrá un plazo máximo de cinco días para convocar a la votación en la que se decidirá la destitución de Guillermo Lasso. Para lograr que el mandatario deje su cargo se necesitarán 92 votos favorables para la censura. De acuerdo al comportamiento de la votación para las elecciones de las autoridades del Legislativo, la oposición sí contaría con los votos para destituir a Lasso, esto pese a que la bancada oficialista aseguró que “el juicio político está caído”.
La interpelación, defensa, debate y votación podrán celebrarse en varios días al tratarse de una sesión extensa, pero todo dependerá del juego político que permita, a la oposición o al oficialismo, obtener los votos.
En caso de que la oposición no logre los 92 votos para sacar al presidente, el juicio político se archivará y no podrá convocarse otro proceso similar en contra del mandatario. Esto significa que Lasso podría continuar en su cargo hasta el 2025.
La acusación
Los proponentes del juicio político acusan a Guillermo Lasso de tener responsabilidad política –no penal, porque no le compete al Legislativo– sobre un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una empresa que presta el servicio de transporte de crudo.
Aunque en los argumentos presentados por los legisladores proponentes ante la Corte Constitucional, que dio un dictamen favorable para el inicio del proceso, se aseguraba que en julio de 2022 “firmó un nuevo contrato de transporte de material petrolero con la compañía Amazonas Tanker Pool”, durante la sustentación de evidencias en el Legislativo, la defensa de Lasso pudo demostrar que el contrato que mantiene la empresa pública con el pool fue suscrito antes de que Lasso asuma la Presidencia.
Frente a esta evidencia, la legisladora correísta Viviana Veloz, proponente del juicio político, aseguró el pasado 9 de mayo que el gobierno de Lasso “sí firmó un nuevo contrato” y se refirió a una adenda de octubre de 2022. Según varias fuentes de derecho, la adenda es entendida como la adhesión o modificación de términos en un contrato existente y no es un contrato.
Pese a esto, la oposición de Lasso sostiene que el mandatario sí incurrió en peculado al nombrar al exfuncionario Hernán Luque como coordinador de las empresas públicas y al no terminar el contrato con Amazonas Tanker y permitir su renovación, pese a que existían serios indicios sobre corrupción. El peculado puede entenderse como: “abusar, apropiarse, distraer o disponer arbitrariamente de recursos públicos”.
Una de las legisladoras proponentes, Mireya Pazmiño, en su calidad de presidenta de la Comisión de Régimen Económico del congreso, poco tiempo antes de que iniciara el trámite de juicio político en contra de Lasso, impulsó la aprobación de un informe dentro de la comisión en en el que se recogían los beneficios que el Estado obtenía del contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. En el plano penal, Pazmiño es investigada por tráfico de influencias a partir de la denuncia que el legislador Fernando Villavicencio impuso por la elaboración de dicho informe.
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