Perú vulneró los derechos de una niña que sufrió incesto a manos de su padre, al no garantizarle el acceso a un aborto terapéutico y procesarla penalmente tras tener un aborto espontáneo, denunció este martes el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
El comité, ante el que la víctima presentó una queja, consideró que la justicia peruana vulneró sus derechos a la salud y a la vida. Y deploró que las autoridades sanitarias, policiales y judiciales hostigaran a la menor, indígena y originaria de Huanipaca, departamento de Apurímac.
La niña, cuyo nombre no reveló la ONU, sufrió violación a partir de los 9 años de edad hasta que quedó embarazada con 13 años en 2017.
No quería tener un hijo de su padre
En su primera visita a un hospital de Abancay, dijo que no quería tener un hijo de su padre ni estar embarazada, tal como recoge la ONU.
«Esa petición se reiteró en muchas visitas médicas posteriores mientras su estado de salud mental se agravó. Sin embargo, no le informaron de su derecho a solicitar el aborto terapéutico», explicó el comité de Naciones Unidas.
En Perú, el aborto terapéutico solo está autorizado en caso de riesgo para la vida de la madre. Con ayuda de una oenegé, consiguió solicitar una interrupción voluntaria de embarazo al hospital y a la fiscal que investigaba su violación, pero no recibió respuesta.
Por el contrario, el personal sanitario insistió en organizar exámenes prenatales, e incluso la visitó en su domicilio, en ocasiones acompañado de agentes de policía, cuando la niña no se presentó a esas citas médicas.
«De víctima a delincuente»
«Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto», declaró Ann Skelton, presidenta del Comité, citada en el comunicado.
«Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, la revictimizaron y acosaron las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente», enfatizó.
Estigmatizada y hostigada en su familia y su comunidad, la menor tuvo que abandonar la escuela y su pueblo, y tras su aborto espontáneo la señalaron y condenaron por «autoaborto sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba proseguir con el embarazo», detalló el comunicado de Naciones Unidas.
Dicha condena, que podía implicar una pena de hasta dos años de prisión, quedó anulada en 2019 tras un recurso presentado ante la justicia.
Más allá de este caso, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, conformado de 18 expertos independientes, pidió a Perú despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil. También reclamó velar por que las menores embarazadas tengan acceso a un aborto seguro, en particular en casos de peligro para la salud y la vida de la madre, así como en casos de violación o incesto.
EFE
SuNoticiero