Stephen Miller, jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, afirmó este viernes que el gobierno de Donald Trump analiza la posibilidad de suspender el habeas corpus, un derecho constitucional que permite a cualquier persona detenida impugnar la legalidad de su arresto ante un tribunal.
“Es una opción que estamos considerando activamente”, declaró Miller, al argumentar que la Constitución permite suspender este derecho en casos de invasión o cuando la seguridad pública lo requiera.
Sus declaraciones surgen tras ser consultado sobre las acciones que el gobierno podría tomar para sortear los recientes bloqueos judiciales contra sus políticas migratorias.
De acuerdo con CNN, el propio presidente Trump ha participado en discusiones internas sobre la suspensión del habeas corpus, una medida que históricamente solo se ha aplicado en situaciones extremas, como durante la Guerra Civil o tras el ataque a Pearl Harbor.
La administración Trump intenta acelerar deportaciones y limitar derechos procesales a inmigrantes indocumentados, en abierto desafío a fallos judiciales que han exigido el respeto al debido proceso.
Incluso el propio Trump ha puesto en duda públicamente la necesidad de acatar las garantías constitucionales consagradas en la Quinta Enmienda.
Suspender el habeas corpus sería, por lo tanto, tremendamente polémico al suponer un recurso básico de las personas detenidas que pueden solicitarlo cuando son detenidos sin orden judicial, no se le informa de sus derechos o su detención se prolonga ilegalmente, entre otros.
Sin embargo, el gobierno de Trump ya ha tomado medidas igual de polémicas como parte de su política migratoria y de deportación de indocumentados, como la reactivación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789.
Según defensores de inmigrantes, el habeas corpus es una de las herramientas más importantes para exigir el respeto al debido proceso y tratar de evitar la posibilidad de que sean trasladados a cárceles en el extranjero, como ya ha ocurrido.
Miller defendió la autoridad de Trump y aseguró que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 retira la jurisdicción del Poder Judicial sobre los casos de inmigración a favor del presidente, pese a que los jueces evalúan de manera habitual la legalidad de las políticas migratorias.
“Los tribunales no solo están en guerra con el poder ejecutivo, sino también —estos jueces radicales y deshonestos— con el Poder Legislativo. Por lo tanto, todo esto influirá en las decisiones que finalmente tome el presidente”, concluyó.
Con información de Univision Noticias