Tras ratificar la orden de detención del presidente Javier Milei, su hermana Karina y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la Justicia de Venezuela determinó la captura de otros 16 argentinos, entre los que se encuentran funcionarios, políticos y otras figuras públicas relacionadas con el caso del avión venezolano-iraní de Emtrasur, que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 y finalmente fue enviado a Estados Unidos en febrero de este año.
Entre los mencionados por el fiscal general Tarek William Saab para ser detenidos por la Justicia se encuentran los diputados Gerardo Milman y Ricardo López Murphy; el Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Waldo Wolff; el legislador de la ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro; los abogados María Eugenia Talerico y Leonardo Camicher; los fiscales Carlos Stornelli, Cecilia Incardona, Diego Iglesias; Franco Rinaldi, experto en aeronavegación comercial; y los jueces Federico Villenas, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.
Las acusaciones -que implicaron un pedido de alerta roja de Interpol- son por los cargos de robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir.
Además, el fiscal señaló que el “robo” del avión fue el resultado de un “plan fraguado durante más de 20 meses que se materializó el 12 de febrero de 2024″ y apuntó contra Milman, a quien responsabilizó de tener un “papel determinante en el plan” al “conspirar con la delegación de asociaciones israelitas argentinas”.
La aeronave a la que refieren fue vendida a Venezuela por la compañía aérea iraní Mahan Air y estuvo retenida en el país por una orden judicial emitida durante el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández. Fue secuestrado por las autoridades argentinas cuando llegó de México con un cargamento de piezas automotrices. Su tripulación -que consistía en 14 venezolanos y cinco iraníes- tuvo prohibida la salida del país hasta octubre de ese mismo año ya que se sospechaba que podían estar haciendo tareas de espionaje.
“Hemos decidido designar un fiscal especializado en derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes. Deberán responder ante la justicia”, marcó tiempo atrás Saab y agregó: “[Milei] se ha convertido en un peligro brutal para todo el hemisferio por lo que no tiene moral para atacar a las instituciones democráticas venezolanas”.
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