Familiares de once trabajadores del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP) en Barquisimeto denuncian irregularidades en el proceso judicial que enfrenta el grupo, acusado de ocultar medicamentos vencidos y otros delitos. La posible condena alcanza hasta 28 años de prisión.
Junior Ayala, un joven de 32 años y ayudante de almacén, fue detenido el 19 de agosto de 2025, tras sólo dos meses de trabajo. Su familia asegura que la acusación carece de fundamento, pues los medicamentos estaban almacenados en el hospital y no existieron hechos claros de delito.
Los familiares sostienen que no hubo flagrancia en las detenciones, ya que varios trabajadores fueron citados a sus puestos y arrestados sin evidencia directa. Señalan que los cargos imputados, que incluyen acaparamiento y asociación para delinquir, no tienen respaldo probatorio.
La investigación comenzó el 6 de agosto de 2025 por una comisión contra la corrupción, y luego intervino el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES). La Fiscalía alega irregularidades en insumos médicos y supuestas ventas ilegales, pero los familiares afirman que sólo existen «hechos narrativos» sin pruebas físicas.
Los once imputados son juzgados bajo la figura de coautoría, lo que, según sus familiares, dificulta la individualización de responsabilidades. Además, denuncian que la audiencia de presentación se realizó cinco días después de las detenciones, contraviniendo el plazo legal de 48 horas para presentar a los arrestados ante el tribunal.
También critican que la Fiscalía pidió reserva de las actas procesales, limitando el acceso de los abogados defensores al expediente por casi 25 días, lo que afecta el derecho a la defensa.
Este caso genera preocupación sobre la justicia y derechos laborales en el sector salud en Lara, con posibles consecuencias graves para los trabajadores implicados y sus familias.
Información basada en reportes publicados por El Pitazo.