Excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) admitieron públicamente por primera vez el reclutamiento forzado de más de 18.677 niños durante el conflicto armado que duró cinco décadas.
En un documento de cinco páginas, firmado por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y otros cinco altos mandos desmovilizados, reconocieron haber obligado a menores a unirse a las filas guerrilleras, enfrentando así la justicia a través del tribunal de paz colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP había determinado que estos exmiembros del secretariado de las FARC eran responsables de delitos graves como reclutamiento de menores de 15 años, maltrato, tortura, homicidio de niñas, niños y adolescentes, violencia sexual y reproductiva, así como discriminación por orientaciones sexuales o identidades de género diversas.
En una carta dirigida al tribunal, los acusados admitieron los hechos y expresaron su arrepentimiento. Londoño declaró en un discurso televisado: «No hay palabras para reparar estos hechos» y añadió que reconocen «con honestidad y claridad nuestro papel» en estas acciones.
También pidió perdón a las víctimas directas e indirectas y a la sociedad en general, reconociendo que estas acciones «robaron infancias» y que los jóvenes combatientes vivieron bajo constante miedo y peligro de muerte. Además, admitió que los homicidios, abortos forzados y violencia de género causaron daños físicos y psicológicos profundos que persisten hasta hoy.
Este reconocimiento es un avance significativo en el Caso 07 de la JEP, que investiga los crímenes cometidos por todas las partes durante el conflicto. Desde su apertura en 2019, el caso ha identificado oficialmente a 18.677 víctimas, donde el 54 % son niños reclutados y el 46 % sus familias que perdieron a sus hijos.
Otros grupos armados, como los paramilitares de derecha, también han utilizado a menores; según Crisis Group, tenían unos 2.800 niños en sus filas al momento de su desmovilización a mediados de los 2000.
Durante años, las FARC negaron estas acusaciones y sostuvieron que muchos jóvenes se unieron voluntariamente para escapar de la pobreza. Incluso en 2015, los comandantes afirmaron que «bajo ninguna circunstancia reclutaron a niños por la fuerza», según un informe de Human Rights Watch que criticó esa postura.
Este paso de los excombatientes abre una vía para la verdad y la reparación en un conflicto que marcó profundamente a Colombia y cuyos efectos aún persisten en miles de víctimas.
Información basada en reportes publicados por El Nacional.