15 de marzo de 2022. Esa fue la fecha del último aumento salarial decretado por el gobierno de Nicolás Maduro. Por aquel entonces, se estableció un sueldo mensual de Bs 130 que equivalía a $30 y comprendió un resquicio para la población que esperaba, a partir de allí, una recuperación gradual de su poder adquisitivo. Sin embargo, esa espera ya acumula 656 días y no da señales de acabar.
La población venezolana ha permanecido atada al mismo salario durante 21 meses. En este período de tiempo, los Bs 130 perdieron 88% de su valor en dólares y de $30 pasaron a representar apenas $3,62.
Esta disminución del poder adquisitivo se produjo, además, en un contexto inflacionario en el que los precios siguen aumentando de precio tanto en dólares como en bolívares. Esto quiere decir que los venezolanos que reciben este ingreso por concepto de salario evidencian cómo su pago cada vez tiene menos valor mientras que los productos que deben comprar suben de precio.
Es cierto que Nicolás Maduro ordenó el 1º de mayo de 2023, en el marco del Día de Trabajador, un ajuste de los bonos que entrega el Gobierno a través del sistema patria, dando luz a un ingreso en torno a los $70 para los beneficiarios de sus asignaciones, pero estos montos no llegan a toda la población y no tienen repercusión en pasivos laborales al carecer de carácter salarial.
De hecho, en la torta de la remuneración del trabajador que cobra sueldo mínimo, el salario solo representa menos 4% del pago total, mientras que los cestatickets corresponden a 39% y la mayor tajada se la lleva el bono de guerra económica a 57%.
Por eso, el pago -bajo el concepto «salario»-, es la gran exigencia de la población venezolana de cara a 2024. Toda la masa laboral de la administración pública —que se estima en más de 4 millones de venezolanos— está sometida a estos $3,62, monto que se usa para determinar las tablas salariales, las primas y otros pasivos como las vacaciones y utilidades.
La ausencia de un aumento ha causado un descontento importante en la población laboral del país. Según los registros de Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), desde marzo de 2022 hasta diciembre de 2023 se registraron 2.565 conflictos laborales. La mayoría de estos casos estuvieron vinculados con exigencias de salarios dignos.
En esta misma línea, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) convocó la primera protesta gremial del año el próximo 9 de enero, exigiendo un aumento salarial y de pensiones, además del respeto a los contratos colectivos.
Sus expectativas, así como las de otros sectores laborales, están centradas en que para este año el chavismo ponga fin a la política salarial que instauró desde 2020. Las esperanzas se sustentan en la naturaleza de este 2024, un año el que se celebrarán elecciones presidenciales que podrían inducir a un incremento del gasto público.
¿Habrá incremento del salario mínimo?
Cuestionar un incremento salarial en un año entero habría sido impensable en otro período del chavismo, pues durante los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y del mandatario actual, Nicolás Maduro, en el período de 1999 a 2019, se ejecutaron 51 aumentos salariales, un promedio de 2,3 ajustes por año.
Los aumentos salariales eran una parte clave del discurso populista del chavismo, que se enorgullecía de la frecuencia y los porcentajes de cada aumento.
«Por 12º año consecutivo incrementamos el salario mínimo, que hoy es uno de los más altos en este continente», celebraba Chávez en 2011, dos años antes de que la debacle económica del país diera sus primeros pasos.
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