El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó por lavado de dinero a ocho empresarios argentinos que durante los años del kirchnerismo vendieron insumos a Venezuela por una cifra estimada por la justicia en 305 millones de dólares.
La cabeza del grupo de empresarios que fue procesado es Juan José Levy, un argentino que se enriqueció gracias a los negociados que se hicieron con Venezuela. También fueron procesados -entre otros- los hermanos del empresario que tuvo relaciones aceitadas con dirigentes kirchneristas: Alejandro Javier y Carlos Alberto Levy.
La organización comandada por Juan José Levy tenía las empresas Laboratorios Esme, Bleu Tel, Corporación Gulfos y Grupo Núcleo. Las firmas de Levy vendieron toallas femeninas, pañales, suavizante para ropa, shampoo y acondicionador de pelo. Pero también televisores y antenas, decodificadores y transmisores para televisión digital.
Las compras se hicieron a través de un convenio de cooperación firmado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Argentina recibía combustible venezolano, pero no lo pagaba. El dinero se depositaba en un fideicomiso que se usaba para financiar exportaciones argentinas a Venezuela que tenía problemas para conseguir algunos insumos. La intención era fomentar las exportaciones de productos argentinos a Venezuela.
Se probó en la causa que las empresas de Levy cobraron enormes sobreprecios a los venezolanos y que luego de recibir el dinero hicieron transferencias a sociedades -muchas sin actividad comercial- y cuentas desperdigadas por distintos lugares del mundo. Según la resolución firmada por Aguinsky, a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, se produjo un “enjuague” del dinero que se cobró lícitamente, aunque producto de la venta de productos con grandes sobreprecios.
Según se estipuló en los contratos firmados entonces, las empresas que enviaban productos a Venezuela recibían un adelanto del 50 o 60 por ciento de lo pactado. Eso implica, según el juez, que no había un cuantioso riesgo empresario de un posible no cobro que justificara los sobreprecios detectados. Para el juez, los sobreprecios que cobraron los empresarios argentinos resultaron un perjuicio para el estado venezolano.
El magistrado dictó los procesamientos en una resolución de 600 páginas. Redactó un “proemio” en el que precisó de manera didáctica como se llevó a cabo la operación en general y luego desarrolló cada uno de los hechos que se produjeron en torno a la maniobra.
Aguinsky explicó que en el expediente se analizaron “hechos vinculados a una serie de contratos de provisión de bienes y/o servicios suscriptos en el marco de un acuerdo binacional entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”.
Y agregó: “En efecto, pese a que los convenios suscriptos entre ambos países hacen referencia a la realización de intercambios comerciales a ´precios competitivos a nivel internacional´, las mercaderías vendidas, como así también los fletes y seguros cobrados a empresas estatales venezolanas por Laboratorios Esme SAIC, Bleu Tel S.A., Corporación Gulfos S.A. y Grupo Núcleo S.A., habrían sido con precio excesivo, esto es, contratados con precios mucho mayores respecto a iguales productos exportados por las mismas empresas Argentinas a otros países o en relación a similares productos vendidos por otras empresas a Venezuela o a otros Estados”.
En los convenios entre las empresas argentinas y el estado venezolano se establecía que se realizaban “al efecto de crear una alianza estratégica socialista para impulsar el intercambio comercial a precio justo de bienes necesarios para la higiene personal y el cuidado del hogar, para la Corporación de Mercados Socialistas “Comerso” en el marco del Convenio Bilateral entre Venezuela y Argentina, los cuales serían incorporados en el sistema de distribución y consumo socialista para satisfacer las necesidades del pueblo bolivariano “. Así rezaba -por ejemplo- el convenio firmado entre Suministros Venezolanos Industriales C.A. (SUVINCA) y Laboratorios Esme SAIC-representado por Levy- para comprar insumos de higiene personal. Según lo determinado por la justicia argentina los sobreprecios que cobró Levy fueron -por ejemplo- de un 339% en las toallas femeninas, y de 300% en los pañales para adultos. Así se cimentó la “alianza estratégica socialista” desde el lado argentino.
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