La violencia contra los candidatos opositores no es nueva dentro del espectro político venezolano, pero ahora se maneja como un reto para intentar conectar con los ciudadanos en sus regiones. Las agresiones y amenazas se han incrementado sin que haya una investigación exhaustiva por parte de las autoridades, que prometen no repetir escenarios latinoamericanos, como el reciente asesinato y agresiones armadas contra los candidatos presidenciales de Ecuador.
La constitucionalista y consultora política María Verónica Torres Gianvittorio señaló a TalCual que los candidatos a primarias enfrentan varios problemas en este periodo de campaña, que se extiende hasta el 20 de octubre.
Comenta que, en particular, las giras y actividades presenciales se ven amenazadas por múltiples episodios de violencia. «El gran reto para los candidatos es continuar sus campañas a pesar de los obstáculos y la violencia, a pesar de que su integridad se pueda ver afectada. Luego, que la gente vaya a esas actividades de campaña pese a la violencia».
Delsa Solórzano fue amenazada de muerte tras el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador. En una actividad de Henrique Capriles en San Fernando, la capital del estado Apure, al menos 39 personas resultaron heridas por sujetos que se identificaron como simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En la visita a Margarita de María Corina Machado –tras siete años sin pisar la isla– fueron detenidas los que proveyeron del sonido en una de sus actividades, y un restaurante donde comió la dirigente fue cerrado.
Con Maduro, refirió la consultora política, «se pueden esperar todos los obstáculos como inhabilitaciones, bloqueo de tarjetas y candidatos, violencia que va a escalar hasta el día de la elección por parte de los adeptos al gobierno (…) Estos obstáculos le han funcionado a Nicolás Maduro muy bien en todos los procesos electorales, adaptan sus sistemas a las circunstancias».
Del lado oficialista tampoco se esperan acciones contundentes contra este tipo de situaciones. La Fiscalía General solo se ha pronunciado ante las amenazas de muerte contra Solórzano, una de los cinco que han sufrido algún tipo de hostigamiento o agresión, y prometió una investigación por parte de un fiscal nacional en materia de derechos humanos. Desde el 13 de agosto, cuando se hizo el anuncio, hasta la fecha ni siquiera han contactado a la candidata para ahondar en detalles sobre el hecho.
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