La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión que podría dejar a cientos de miles de migrantes, especialmente venezolanos, expuestos a la deportación, desmantelando protecciones legales temporales cruciales.
Como resultado, casi un millón de personas en total, incluyendo a estos migrantes, ahora enfrentan la posibilidad de ser expulsadas de Estados Unidos.
La orden judicial revoca una medida cautelar anterior que protegía a más de 500,000 inmigrantes bajo el programa de parole humanitario (CHNV) de Cuba, Haití, Nicaragua y, fundamentalmente, Venezuela. A esto se suma otra decisión que ya había permitido al gobierno federal revocar el estatus legal temporal de unos 350,000 migrantes venezolanos en un caso separado, detalla el portal de Univisión
Esta determinación de la Corte Suprema, que no ofreció un razonamiento detallado, ha desatado una disputa significativa dentro del poder judicial. La jueza Ketanji Brown Jackson expresó su disidencia pública, advirtiendo que la orden tiene el efecto de «hacer que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales decidan sus acciones jurídicas». La jueza Sonia Sotomayor se unió a esta postura crítica.
Disputa entre el poder judicial y la administración de TrumpLa decisión del máximo tribunal no es un fallo definitivo sobre el programa, pero sí significa que las protecciones del parole humanitario no estarán vigentes mientras el caso judicial continúa su curso en el Tribunal Federal de Apelaciones para el 1er Circuito en Boston.
La administración del presidente Donald Trump ha buscado persistentemente desmantelar las políticas migratorias del expresidente Joe Biden, que habían establecido vías para que los inmigrantes vivieran legalmente en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia argumenta que estas protecciones, otorgadas a personas que huían de la inestabilidad en sus países de origen, siempre fueron concebidas como temporales y que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad para revocarlas sin interferencia judicial.
Esta postura se contrapone directamente a la decisión de un juez federal en Boston, designado por Barack Obama, que había bloqueado inicialmente los intentos de Trump de poner fin al programa de forma masiva, permitiendo revocaciones solo caso por caso. El gobierno federal, sin embargo, sostiene que abordar cada caso individualmente sería una «tarea gigantesca» y obstaculizaría los esfuerzos de deportación.
Migrantes venezolanos
Para los migrantes venezolanos, muchos de los cuales llegaron a Estados Unidos con patrocinadores financieros desde finales de 2022 huyendo de la inestabilidad, los peligros y las privaciones en su país, esta decisión representa un golpe devastador.
Aunque pagaron sus vuelos y contaron con un patrocinador para calificar para la designación de dos años, ahora enfrentan una incertidumbre extrema y la inminente amenaza de la deportación. Abogados de migrantes han calificado esta acción del gobierno de Trump como «el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos», un testimonio de la magnitud del impacto potencial.
La Corte Suprema ya se ha opuesto a Trump en otros casos migratorios, incluyendo frenar esfuerzos para deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. Sin embargo, en este caso, la balanza se inclina peligrosamente hacia la revocación de protecciones vitales, dejando a miles de migrantes venezolanos en una situación de extrema vulnerabilidad.