La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves los numerosos atropellos a los derechos sufridos por la población en Venezuela, así como la grave situación humanitaria que se ha traducido en el éxodo de 7,1 millones de ciudadanos, una de las crisis migratorias más graves de la era contemporánea.
Aunque los informes de HRW se centran más en las prácticas políticas y el imperio de la ley, en el caso de Venezuela hace hincapié en que el país vive una «emergencia humanitaria» que, según cifras de la ONU, se traduce en que 5,2 millones de personas necesitan ayuda sanitaria, alimentaria o en el acceso a agua e higiene básica.
Los 10,9 millones de personas infraalimentadas o sufriendo hambre crónica, más el derrumbe del sistema de salud que está contribuyendo a la expansión de infecciones se suman a los problemas políticos de un país donde las autoridades «persiguen a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil», donde es habitual «la brutalidad policial» y el acoso a los disidentes políticos.
Todo ello explica, al menos en parte, el éxodo de ciudadanos que abandonan el país y se exponen a todo tipo de peligros «por falta de una estrategia regional coordinada (que) deja a miles varados en condiciones inadecuadas, incapaces de obtener refugio u otra protección legal y forzados a huir hacia el norte».
HRW denuncia que la policía y los «colectivos» (fuerza parapolicial) «han atacado sistemáticamente a manifestantes desde 2014, con intervenciones violentas, golpizas brutales y disparos a quemarropa».
Los organismos de la ONU han recibido en 2022 frecuentes denuncias de tortura en las cárceles, así como dificultades para garantizar un juicio justo, a lo que se añaden los frecuentes retrasos a la hora de aplicar las órdenes de excarcelación.
EFE
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