La operación anticorrupción que estremeció a Venezuela en marzo de 2023, que dejó 61 detenidos y provocó la renuncia del entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, acabó con un abrupto silencio por parte de las autoridades sobre un desfalco estimado en millones de dólares, tanto por parte de funcionarios chavistas como por opositores, aunque el monto exacto nunca se confirmó.
El fiscal general, Tarek William Saab, y el jefe de Estado, Nicolás Maduro, acapararon durante seis semanas la atención mediática con discursos implacables contra la corrupción y prometiendo todo el peso de la ley para los señalados, a quienes se les imputó el delito de ‘traición a la patria’.
Sin embargo, la Justicia no ha aclarado cuál fue el castigo que recibieron los implicados, para quienes Saab había pedido la «máxima pena», o qué siguió tras la dimisión de El Aissami, que se apartó del cargo -a través de un mensaje en X- para «apoyar» las investigaciones.
Luego de numerosas alocuciones televisadas sobre esta «lucha histórica», el tema dejó de ser mencionado, a principios de mayo, por el presidente y el fiscal, quien se negó a responder preguntas sobre la posible responsabilidad, o no, de El Aissami, de quien no se supo más, pues desapareció de la escena pública.
Además, el caso cayó en el silencio luego de que la Fiscalía confirmara que dos de los detenidos fallecieron bajo custodia: uno por suicidio y otro por una enfermedad preexistente.
Las pérdidas
Aunque Maduro confirmó que decenas de empleados de la cartera de Petróleo y personas cercanas a este despacho desfalcaron «varios millones de dólares», las autoridades nunca precisaron el tamaño de las pérdidas.
Saab reconoció que se trata de una suma «importante», que sería revelada por la Fiscalía más adelante, pero, una vez cerrado el tema, no hubo más comentarios de la institución sobre esta trama.
El diputado oficialista Hermánn Escarrá declaró al canal estatal Venezolana de Televisión que se trataba de tres casos en uno que, sumados, ascendían a 23.000 millones de dólares, la misma cifra que usa el opositor Henrique Capriles cuando increpa al Gobierno para que rinda cuentas al respecto.
A esta variedad de números, se suma la investigación hecha por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, según la cual el desfalco fue de 16.000 millones de dólares.
De cualquier forma y pese al vacío de información, el caso sirvió como disparador para la aprobación de una ley que permite al Estado quitar riquezas a funcionarios corruptos, con lo que pudieron recuperar un total de 1.007 bienes, entre casas, vehículos, oficinas y empresas.
EFE
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