Un tribunal federal en Estados Unidos ha abierto una nueva etapa en un litigio que involucra a entidades estatales venezolanas. Esta decisión surge tras una notificación del Departamento de Justicia que informó sobre cambios en la situación política entre ambos países.
La jueza magistrada Sarah Netburn ordenó que las partes involucradas presenten nuevos argumentos para esclarecer quién tiene la autoridad legal para representar a las instituciones venezolanas en el caso. Esta solicitud responde a la normalización de relaciones anunciada por el gobierno estadounidense con la administración venezolana liderada por Delcy Rodríguez, un cambio significativo desde que comenzó el proceso judicial.
Los equipos legales, incluyendo a la firma internacional White & Case, deberán entregar documentos de máximo cinco páginas con hechos recientes relevantes, antes del 26 de marzo de 2026. El objetivo es que el tribunal defina claramente quién puede actuar en nombre del Estado venezolano en este proceso.
El caso se encuentra dentro del expediente federal Stansell v. FARC, que durante años ha tratado disputas sobre responsabilidades y activos vinculados a instituciones venezolanas en Estados Unidos. La resolución sobre la legitimidad de representación legal puede influir en otros procesos relacionados con bienes y reclamaciones judiciales que involucren a entidades controladas desde Caracas.
Tras recibir los nuevos escritos, la corte evaluará los argumentos para decidir qué representación legal será reconocida oficialmente.
“Este cambio altera las condiciones existentes cuando se inició el proceso judicial”, señaló el Departamento de Justicia en su comunicación oficial.
Información basada en reportes publicados por El Nacional.