Dos exfuncionarios acusados de narcoterrorismo en la misma causa penal que Maduro, Cabello y El Aissami ya enfrentan cargos en EEUU. Solamente el secretario de Estado tiene la autoridad de autorizar el pago de las recompensas, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Estado.
“Aún están activas” las recompensas millonarias por información que permita las capturas y las acusaciones penales en Estados Unidos de líderes chavistas presuntamente involucrados en crímenes de narcoterrorismo, entre ellos el presidente venezolano Nicolás Maduro, confirmó este jueves el Departamento de Estado a la Voz de América.
Un portavoz del Departamento de Estado certificó a la VOA que las ofertas de dinero para los “objetivos” actualmente incluidos en la página web del Programa de Recompensas de Narcóticos “aún están activas”.
Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, dos militares venezolanos señalados en ese programa de recompensas, con roles operativos y de inteligencia en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ya han sido detenidos, extraditados y procesados judicialmente en Estados Unidos.
Los nombres de ambos ex funcionarios forman parte de la misma acusación penal federal donde están incluidos Maduro y otros jerarcas del chavismo, como Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, presentada en marzo de 2020.
La Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado administra el Programa de Recompensas de Narcóticos en “estrecha coordinación” con las agencias federales de aplicación de la ley de Estados Unidos y otras agencias, precisó el portavoz.
Solo el Secretario de Estado de Estados Unidos, cargo ocupado por Antony Blinken, “tiene la autoridad para determinar si una recompensa será pagada, así como el monto que será pagado”, según el vocero estadounidense.
El Departamento de Estado ha pagado más de 155 millones de dólares en recompensas como las ofrecidas por Maduro, Cabello, El Aissami, Alcalá y Carvajal, este último extraditado la semana pasada desde Madrid, España.
“En casos donde exista una jurisdicción penal federal, el secretario de Estado debe obtener la autorización del fiscal general”, Merrick Garland, que ejerce el cargo desde marzo de 2021, añadió la fuente del Departamento de Estado.
Con información de VOA
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