Las maniobras revolucionarias para forzar el exilio de Edmundo González Urrutia, ganador por goleada de las elecciones presidenciales en Venezuela, no han atemorizado de momento al diplomático, pese a la amenaza de que será encarcelado. «Se encuentra firme, en resguardo y tiene todo el ánimo de seguir luchando por la defensa de sus derechos, el resguardo de su familia y por el respeto a la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas mediante el voto», precisa el escrito presentado por su abogado, José Vicente Haro, ante el Ministerio Público.
El defensor del diplomático ha intentado introducir este miércoles, 36 horas después de que un juez antiterrorista diera por buena la orden de aprehensión contra Edmundo, un escrito ante la Fiscalía con los argumentos que explican por qué no acudió a las tres citaciones arbitrarias de los fiscales de Nicolás Maduro. La primera excusa que le dieron para no recibirlo fue que había una falla en el sistema que duraba dos horas, todo un clásico.
«Yo con mis propios ojos pude comprobar que otras comunicaciones de otros ciudadanos sí se recibieron. Aguardé mientras otros eran atendidos, mientras a mí se me dejaba de lado», ha asegurado Haro, que ha sido citado para horas más tarde.
El abogado ha destacado «el grado de indefensión en el que se encuentra González Urrutia, en donde se han precalificado delitos, donde se le están atribuyendo hechos que no revisten carácter penal como si fueran delitos».
Haro, en nombre del candidato de la oposición democrática que derrotó por cuatro millones de votos al «hijo de Chávez», ha realizado una petición «al Ministerio Público para que no pretenda judicializar y criminalizar consideraciones de carácter político». Tarek William Saab, fiscal general venezolano, es el brazo político de Maduro en el Ministerio Público, un poeta sin obra devenido en gobernador chavista y, más tarde, en el fiscal favorito del Palacio de Miraflores.
«Se le está prácticamente considerando culpable»
«Se ha violado el derecho a la presunción de inocencia, las garantías constitucionales del debido proceso. Se le está prácticamente considerando culpable», ha criticado el prestigioso abogado defensor.
El chavismo aprieta con todo al ganador de los comicios para que huya del país antes del 10 de enero, fecha en la que Maduro se pretende autoproclamar presidente de forma fraudulenta. Y su deseo es hacerlo sin la sombra en el país del hombre que le superó con el 67% de los apoyos, frente al 30% del candidato bolivariano.
«Estamos ante una orden de detención pura y dura para detenerlo, imputarle delitos, y mantenerlo preso bajo la medida de prisión preventiva», advirtió para EL MUNDO el jurista Nizar El Fekih. Y todo ello si que se haya clarificado la naturaleza del proceso ni los extremos legales para solicitar su detención.
La acusación contra González Urrutia se centra en los supuestos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistema y asociación para delinquir. El chavismo le considera máximo responsable de la web donde se pueden consultar el 83% de la actas electorales oficiales del 28J, que la oposición logró subir gracias al hito ciudadano de aquellos días. Miles y miles de testigos, activistas y los famosos comanditos familiares y vecinales consiguieron copias de las votaciones mesa por mesa, las pusieron a resguardo, las fotografiaron, las digitalizaron y las subieron a una base de datos en menos de 48 horas.
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