La violencia era un tema en la agenda electoral en Ecuador, pero el asesinato este miércoles del candidato Fernando Villavicencio marca un punto de inflexión y ahora tiñe toda la campaña presidencial hacia las elecciones del próximo 20 de agosto.
Villavicencio fue asesinado a tiros tras un mitin en Quito justo antes de meterse en su camioneta.
De todos los escenarios electorales posibles que pronosticaban los analistas, este no aparecía en las quinielas, a pesar del crecimiento exponencial de la violencia o del discurso del propio Villavicencio, que aseguraba que el país se había convertido en un “narcoestado” y decía públicamente haber recibido amenazas de muerte de “grupos criminales”.
“La frontalidad de Villavicencio pisaba los callos de muchos implicados con el crimen organizado y sus grandes negociados a través del Estado”, sostiene en diálogo con BBC Mundo Luis Córdova, director del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador.
A su juicio, tiene una secuencia lógica en la escalada de la violencia. Si en 2021 la tasa de homicidios fue de 13 por cada 100.000 habitantes, en 2022 subió a 22,6 y por la tendencia que lleva el país se espera que en 2023 alcance los 40 por cada 100.000 habitantes.
Aunque el del miércoles no es un homicidio cualquiera, claro. Viene con mensaje.
“Este asesinato es un mensaje político de lo irregular, del miedo”, dice Pedro Donoso, analista político y director general de la consultora Icare Inteligencia Comunicacional.
Y para Córdova muestra “no solo la influencia del narcotráfico, sino de las economías criminales, mucho más diversas en el país”.
Pero aunque este mensaje ahora se ha escuchado alto y claro, no es la primera vez que suena.
“Los criminales no operan solos”
El de Villavicencio es el último de una serie de ataques contra políticos del país que, cuenta Donoso, empezaron en 2020 con el asesinato de Patricio Mendoza, candidato en las elecciones legislativas del año siguiente.
2023 está siendo más cruento. En mayo atacaron a Luis Chonillo, alcalde de Durán. Y hace solo unas semanas asesinaron a Agustín Intriago, alcalde de Manta, el político mejor valorado del país y, según los analistas, con una proyección política a futuro.
“Con el primer asesinato (de Mendoza) recuerdo pensar que el país se nos iba de las manos. Decíamos que nos íbamos a convertir en Venezuela y esto ya no entra, porque ya somos la Colombia de los 80 y los 90”, remarca Donoso.
El experto hace referencia al recurrente mensaje de miedo de algunos sectores políticos de que Ecuador podía a terminar en una crisis tan profunda como la que vive Venezuela desde hace años, algo que se ha repetido en campañas electorales de muchos otros países.
En cambio, según Donoso, la violencia actual se asemeja a grandes rasgos a la que vivió Colombia por el narco hace 40 años.
El país ahondó en la escalada violenta el 23 de julio pasado, cuando Intriago fue asesinado a tiros.
“No le dimos la importancia política que se merece al asesinato del alcalde de Manta. Es el asesinato de un representante del Estado. Eso nos debió haber dicho que habíamos perdido cualquier nivel, los papeles”.
Son los ecos más sonoros de un problema que se extiende por todo el país, con principal resonancia en la costa y un fuerte foco en Guayaquil, el principal puerto y con tentáculos en varias escalas.
“Los criminales no operan solos, lo hacen con la connivencia de los agentes de seguridad a todo nivel”, acusa Luis Córdova.
Para este analista experto en seguridad, el asesinato de Villavicencio es “producto de la torpe y necia guerra contra las drogas, en la que se sigue militarizando la seguridad pública, se tolera la infiltración del narco en las Fuerzas de seguridad del Estados, jueces, fiscales…”.
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