El abogado penalista José Amalio Graterol denunció que Antonio “El Potro” Álvarez, presidente del Instituto Nacional de Hipódromos, habría creado una red de influencia dentro del sistema judicial venezolano para perseguir a quienes afectan sus intereses en el sector de las casas de apuestas.
Graterol tomó como ejemplo el caso del abogado Carlos Chacín, quien investigó la estructura empresarial detrás de la plataforma de apuestas online Máster Bets 365. Chacín descubrió que el representante legal era un conductor de transporte público, aparentemente un prestanombres.
En septiembre de 2024, mientras ya padecía cáncer de laringe, Chacín fue detenido y acusado de corrupción. Se le señaló por supuestamente utilizar los nombres de Nicolás Maduro Guerra y Delcy Rodríguez para facilitar negocios con empresarios surcoreanos. Fotos encontradas en su teléfono mostraban a una empresaria coreana junto a Maduro Guerra y Rodríguez, quien en ese momento era ministra de Finanzas y ahora es una líder del régimen.
Chacín admitió los cargos y fue condenado a más de seis años de prisión. Su entorno esperaba una medida humanitaria por su estado crítico, pero el proceso judicial fue reabierto, impidiendo su excarcelación. Según Graterol, esta decisión obedecería a órdenes directas de Álvarez.
El abogado sostiene que Álvarez controla al menos cuatro fiscalías nacionales, una fiscalía del Área Metropolitana de Caracas, varios tribunales y una sala de apelaciones. Para mantener esta influencia, contaría con el apoyo de los abogados Harvey Gutiérrez y José Antonio Rodríguez Quirola, quienes actuarían como intermediarios con jueces y fiscales.
El también penalista Joel García, defensor de presos políticos, coincidió en que la responsabilidad de estas detenciones arbitrarias no recae solo en Álvarez, sino también en fiscales y jueces que permiten estas acciones ilegales. “Esto no hubiera sido posible sin la participación directa de fiscales y jueces”, afirmó García.
La denuncia pone en evidencia un presunto mecanismo de control judicial que afecta la independencia del sistema y pone en riesgo la salud y derechos humanos de personas como Carlos Chacín.
Información basada en reportes publicados por El Pitazo.
Fuente original