Un tribunal federal en Delaware ha dado un paso decisivo en la demanda de $587 millones contra CITGO Holding, Inc., presentada por una coalición de ejecutivos petroleros, líderes sindicales y periodistas venezolanos en el exilio. La jueza Jennifer L. Hall remitió el caso a la jueza magistrada Laura D. Hatcher para que gestione todas las etapas previas al juicio, incluyendo la resolución de mociones que podrían definir el destino del litigio.
Los demandantes acusan a CITGO y a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) de operar como una empresa criminal transnacional. Según la demanda, habrían desviado fondos del fideicomiso de pensiones de los trabajadores para financiar actividades de cabildeo político en Estados Unidos, entre ellas un contrato de $50 millones con el excongresista David Rivera. Además, señalan que en mayo de 2024 se filtraron ilegalmente identidades de los demandantes, exponiéndolos a represalias de actores vinculados al régimen venezolano y al grupo criminal Tren de Aragua.
Este avance judicial representa un revés para Horacio Medina, presidente de la Junta Ad-Hoc de PDVSA, quien había buscado una desestimación rápida del caso alegando insolvencia financiera para evitar pagos prioritarios a trabajadores despedidos. Ahora, el proceso de descubrimiento de pruebas ordenado por la jueza Hatcher podría obligar a CITGO y PDVSA a revelar documentos internos y contables, lo que complica su defensa.
La designación de una jueza magistrada dedicada asegura un escrutinio riguroso sobre las acusaciones de manipulación de testigos, lavado de dinero y violaciones a derechos humanos. Este caso de alto riesgo sigue en desarrollo y podría tener un impacto significativo en la gestión y finanzas de CITGO y PDVSA.
Información basada en reportes publicados por El Nacional.