La Defensoría del Pueblo presentó este 10 de marzo una intervención ante el Consejo de Estado para respaldar el decreto que establece el salario mínimo para 2026 en Colombia. Bajo la dirección de Irís Marín Ortiz, la entidad afirmó que la defensa del salario mínimo va más allá de una cuestión económica, constituyendo una garantía fundamental de derechos humanos.
En su intervención, la Defensoría destacó que el decreto cumple con los parámetros constitucionales, basándose en la Sentencia C-815 de 1999, que exige que el Gobierno justifique el salario mínimo conforme a criterios económicos claros. Estos incluyen la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la participación de los salarios en el ingreso nacional.
El aumento anunciado por el presidente Gustavo Petro en enero de 2026 representa un incremento del 23,7 %, fijando el salario mínimo en 1.750.905 pesos colombianos, y el auxilio de transporte en 249.095 pesos para quienes ganan hasta dos salarios mínimos.
La Defensoría instó a las autoridades a proteger los derechos laborales y evitar decisiones que puedan poner en riesgo la estabilidad social y la dignidad de los trabajadores, recordando que el salario mínimo es un pilar esencial para el Estado Social de Derecho y no solo una cifra económica.
Información basada en reportes publicados por El Espectador.