Las defensoras de derechos humanos en Venezuela enfrentan una represión cada vez más selectiva y discreta, según el informe de la organización Equalia. En 2025, se documentaron 455 ataques e incidentes contra personas y organizaciones que defienden derechos humanos, una cifra que aunque menor que en 2024, refleja un contexto hostil para su labor.
El cierre del espacio cívico se ha profundizado con leyes restrictivas que regulan y fiscalizan las ONG, otorgando al Ejecutivo la capacidad de disolverlas bajo acusaciones ambiguas como «promoción del fascismo» o «desestabilización». Esta situación ha llevado a la detención de líderes destacados como Javier Tarazona, Carlos Correa, Eduardo Torres y Rocío San Miguel.
El informe destaca que muchas activistas han optado por una clandestinidad estratégica, limitando su exposición pública y uso de redes sociales para protegerse ante represalias. Sin embargo, este silencio reduce su capacidad de incidencia y dificulta la documentación de violaciones.
Además, la presión financiera y administrativa ha provocado una fuga de talento humano, pues el miedo y la necesidad económica obligan a muchos a abandonar el activismo para dedicarse a actividades de subsistencia. La defensa de los derechos humanos se percibe ya no como una acción social, sino como un acto de resistencia política y personal.
La soledad del tejido social aumenta debido a la migración forzada y la pérdida de redes de apoyo. Tras eventos como las elecciones presidenciales y la Operación Tun Tun, entrevistados reportaron traumas colectivos, agotamiento, depresión y alteraciones del sueño.
En cuanto a la seguridad, las activistas enfrentan criminalización constante que las obliga a distanciarse incluso de familiares o conocidos afines al gobierno por miedo a ser delatadas. Han adoptado medidas de protección física y digital, como borrar chats, eliminar imágenes sensibles y usar teléfonos corporativos diferenciados. No obstante, la precariedad económica limita la implementación de estos protocolos en algunas organizaciones.
El activismo se ha transformado en una tarea de «inteligencia social» y máxima cautela. Aunque hay reportes de cierta disminución del riesgo tras el 3 de enero de 2025, el aparato represivo permanece activo. La criminalización ya no depende solo de órdenes judiciales, sino también de la discrecionalidad de funcionarios en controles callejeros, que revisan teléfonos y ejercen arbitrariedades.
Según datos de Espacio Público, el número de detenidos por expresarse en redes sociales ha aumentado significativamente, reflejando un contexto de mayor control y represión.
Información basada en reportes publicados por Runrun.es.
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