Nuevamente, la Corte Penal Internacional (CPI) pone en aprietos a las autoridades venezolanas. La Sala de Cuestiones Preliminares autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela, específicamente durante las manifestaciones de 2017.
Esto no significa que la CPI haya hecho una pausa en el proceso y por eso la reanudación. Por el contrario, avanza en lo que se conoce como el caso Venezuela I, en el que se acusa al Estado de la muerte de varias personas, además de tratos crueles e inhumanos que incluyen torturas de índole sexual.
El anuncio, conocido este martes, reconoce entonces que si bien el país ha tomado “algunas medidas de investigación», considera que «sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total. Además, hace énfasis en que solo se penaliza a los que han ejecutado las órdenes, pero no a los altos rangos.
Defensores de derechos humanos coinciden en que esto es un avance para las víctimas. La CPI tomó 1.875 testimonios que sustentan las denuncias y que forman parte de la investigación. El Estado venezolano había solicitado conocer las identidades, pero el organismo negó la solicitud.
Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, explicó a EL TIEMPO la importancia del anuncio. Según él, ya no son las organizaciones y víctimas las que están diciendo que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad sino “que es la Sala de Cuestiones Preliminares, es decir, un órgano judicial internacional. La propia CPI es la que dice que en Venezuela no se están investigando los crímenes”.
Todo esto implica, en otras palabras, que el Estado debe apelar a esta decisión y demostrar que en el país no se han cometido crímenes de este tipo, pero resulta que desde 2014 en Venezuela hay un patrón sistemático y generalizado en la comisión de los crímenes de este tipo.
“No basta con negarlo sino que tiene que justificarlo. Entonces por eso es que es tan importante esta decisión”, resalta Daniels.
El gobierno tiene hasta el 3 de julio para hacer la apelación y el documento contentivo de esta debe interponerse antes del 19 de julio. De hacerse esto, la Fiscalía puede responder dentro de los 21 días siguientes. En caso de que apele, también se espera que el gobierno pida la suspensión de la sentencia del día de hoy, pero ya existe un precedente, el de Filipinas, donde el gobierno pidió lo mismo y le fue negado, por lo que es de esperar que ocurra lo mismo en el caso venezolano.
A principios de junio, el fiscal Khan estuvo de nuevo de visita en Caracas. El gobierno aprovechó para mostrar “sus avances” y se acordó la apertura de una oficina del organismo en Caracas. Ante la decisión de este martes, los defensores esperan que no se interrumpa la instalación de esta.
Para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) esto ha sido un paso “histórico” que avanza en otorgar justicia a las víctimas y sus familiares.
Sus integrantes explican a este diario que la decisión tiene dos características. La primera es que se ha producido en un tiempo bastante reducido en comparación con lo precedentes de Afganistán y Filipinas, donde se llegó a esta fase pero en lapsos más largos.
La segunda característica es que esta decisión es apelable. Es decir, que el Estado venezolano tiene la facultad de apelar esta decisión y para ello la CPI tendría que realizar una nueva consulta a las víctimas. Lo otro es que las facultades investigativas del fiscal no serían suspendidas por el hecho de que el Estado apele, resaltó Calixto Ávila, abogado de Provea.
Con la solicitud de apelación viene una presentación de casos por parte del Estado. Para ello no hay un lapso, y en este sentido lo que puede hacer el gobierno es que primero reanude la investigación, actualice su base de datos y sus fuentes de información, recopile más información y prepare cuál va a ser su estrategia al presentar los casos.
“Esto es un camino largo, que va a seguir siendo lento y tortuoso, no porque la Corte sea lenta sino porque el gobierno hace que la CPI sea lenta”, insiste Daniels, al poner de ejemplo los últimos procesos.
El 20 de abril, por ejemplo, la CPI hizo público el informe de las víctimas. Y el 24 de abril el gobierno pidió responder a ese informe. El 4 de mayo la sala de la Corte declaró sin lugar la solicitud del gobierno y poco más de un mes después llegó la decisión de la sala de continuar con la investigación. “Pero eso es parte de la estrategia del gobierno, de perder tiempo de tácticas dilatorias”, dice Daniels.
Tomando las palabras de Daniels, es necesario acotar que una fase de enjuiciamiento a Nicolás Maduro y altos funcionarios del chavismo aún no es un hecho, por eso se hace énfasis en lo largo del proceso.
Por El Tiempo
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